Con muchas acusaciones para responder
Al fiscal no sólo se lo acusa de realizar una investigación paralela a una causa sobre lavado de dinero, sino también de abuso de autoridad y de cometer otras irregularidades. Entre ellas, hacer inteligencia telefónica para defender su propia posición.
El jury de enjuiciamiento contra el fiscal José María Campagnoli no sólo se centra en que realizó una investigación paralela –duplicó una causa, según dijo la Cámara del Crimen– por la que fue apartado por esa misma Cámara del expediente sobre lavado de dinero en el que está imputado Lázaro Báez. En ese jury se le imputan varias otras irregularidades, entre ellas la entrega de un borrador de un dictamen al Grupo Clarín, por lo que no queda claro si el borrador se lo redactaron los letrados del grupo o él se lo adelantó para que lo verificaran o se lo adelantó para que lo hicieran público, todas alternativas que Campagnoli niega. El borrador es un original, es decir, no una fotocopia del proyecto de dictamen. Lo asombroso es que en su defensa, Campagnoli menciona un entrecruzamiento de llamadas entre abogados, algo que “constituye una investigación irregular sobre el trabajo de los letrados y constituye abuso de autoridad”, según dice la acusación contra Campagnoli. El sábado, el fiscal le comentó al diario La Nación que no descarta una candidatura a diputado.
Campagnoli tenía a su cargo la investigación de una defraudación de la que se acusaba al financista Federico Elaskar. En esa causa judicial hizo pocos, muy pocos movimientos. No le dio importancia. Sin embargo, el programa Periodismo para Todos, de Canal 13, del 14 de abril de 2013 puso al aire a Leonardo Fariña y a Elaskar diciendo algo así como que habían sacado del país dinero del empresario Lázaro Báez. A partir de ese día, Campagnoli cambió la situación de Elaskar; de ser acusado de defraudación pasó a ser una víctima: supuestamente lo habían extorsionado para que vendiera su financiera; 24 horas más tarde, Elaskar se desdijo en el canal América, pero eso Campagnoli no lo tuvo en cuenta. Y –según dice la acusación– tampoco le recibió una declaración para que explique cómo es que lo habían extorsionado. Ni siquiera dio otro paso que tenía lógica: imputar también a Elaskar por lavado de dinero.
Lo cierto es que el fiscal, sabiendo que ya había una causa por lavado de dinero contra Báez, instruyó lo que después la Cámara calificó como un expediente paralelo en el que “sobreactuó”, como también señalaron los camaristas. Finalmente, la causa pasó al Fuero Federal y Campagnoli fue apartado por “abuso de autoridad”. Hoy en día el fiscal dice que lo acusan por investigar, pero la realidad es que la Justicia lo apartó por duplicar intencionalmente un expediente. La investigación contra Báez la siguen el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Casanello.
Aunque ése es uno de los puntos centrales del jury, no es el único. Entre las imputaciones contra Campagnoli está la curiosa aparición del borrador de un dictamen del fiscal, sin firma, con partes a rellenar y en original, no fotocopia. El borrador fue asombrosamente presentado por el estudio Sáenz Valiente, que representa al Grupo Clarín, en una causa civil en la que un tal Edgardo Levita acusó al medio periodístico por calumnias e injurias. Que el Grupo Clarín haya tenido en su poder el borrador de un dictamen llama la atención: o participó en la redacción o se lo dieron para que lo verifique o se lo filtraron para que lo hiciera público. Campagnoli dijo que él no lo entregó; se ofendió con la sugerencia de que se lo habían escrito argumentando que tiene una larga trayectoria y una frondosa investigación y dijo que les entregó copias del dictamen a dos diputados y a otro fiscal. El Consejo Evaluador consideró insuficientes las explicaciones y le reiteró que es un borrador original, no fotocopias. Lo más llamativo fue una defensa adicional que hizo el fiscal. Dijo que la difusión del dictamen lo perjudicó porque iba a hacer allanamientos, entre ellos a uno de los imputados, Jorge Chueco. Y dio a entender que tal vez el texto se lo pasó la defensa de Chueco al estudio del Grupo Clarín, o sea que se lo pasaron entre dos oponentes. Para sustentarlo, Campagnoli utilizó un entrecruzamiento de llamadas hecho por la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), que estaba bajo su control, y mencionó comunicaciones entre tres abogados, Julián Subías, Juan Martín Cagni Fazzio, defensor de Chueco, y el estudio Sáenz Valiente, el que representa al Grupo Clarín. En la acusación, resumida por la procuradora Alejandra Gils Carbó al Tribunal de Enjuiciamiento, dice textualmente: “Campagnoli utilizó los recursos de la SIPE, a su cargo, con fines ajenos a su función. El informe que realizó la SIPE respecto de diferentes cruces de llamados poca relación tiene con la supuesta investigación sobre extorsión (a Elaskar) que decía estar investigando. Por el contrario, el cruzamiento de llamadas y las hipótesis presentadas por el propio fiscal Campagnoli parecen destinados a aportar elementos de descargo para los expedientes disciplinarios que ya estaban en curso, fines ajenos a la actividad funcional de esa secretaría y representa una investigación irregular sobre el trabajo de los letrados”.
El sentido es claro. La SIPE hace investigaciones para identificar a personas que hayan cometido delitos que fueron denunciados como cometidos por NN. Lo que se sostiene en la acusación es que Campagnoli utilizó la SIPE para “una investigación irregular sobre el trabajo de letrados”; en otras palabras, que realizó inteligencia sobre abogados particulares. Y eso también será parte del enjuiciamiento contra el fiscal, por abuso de autoridad.
