Con diferencias sobre la constitucionalidad del proyecto, avanza el debate sobre el aborto en Senado
Expertos en derecho plantearon sus diferencias respecto a la constitucionalidad del proyecto de ley oficial que prevé la interrupción voluntaria del embarazo y en torno a si se debe proteger o no la vida desde la concepción, durante la segunda audiencia de debate que se desarrolla por videoconferencia en el Senado.
La objeción de conciencia de los médicos que deban practicar abortos y la mortalidad de mujeres por el ejercicio clandestino de la interrupción del embarazo fueron también eje del plenario de comisiones en el que los senadores buscaron despejar dudas sobre la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, con media sanción de la Cámara de Diputados.
El primero de los expositores, el profesor de derecho constitucional Pablo Garat, consideró que esta iniciativa “tiene que pasar el test de constitucionalidad”, afirmó que “todo nuestro orden constitucional se apoya en el interés del niño, que aparece ausente en los debates” y dijo que Argentina aún “debe aclarar” su posición respecto a si “se es niño desde la concepción”.
El exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra declaró que “no hay ninguna regla constitucional que obligue a penalizar el aborto”, sostuvo que quienes se oponen a la práctica “personifican u humanizan al proyecto de vida” y remarcó que “el embrión no es una persona ya nacida” y “el derecho positivo no trata de la misma manera al nacido que al por nacer” ya que “la vida necesita un desarrollo para nacer”.
Ursula Basset, especialista en derecho de familia, afirmó que “nuestra Constitución protege la vida desde la concepción”, señaló que el Estado “debe ofrecer opciones” a la mujer gestante que no desee la maternidad, como la adopción, y consideró que este proyecto “da derecho a abortar pero no a decidir”.
“Lo peor de todo son las discriminaciones invisibles. No está regulado pensando en las mujeres y se criminaliza a los médicos en desacuerdo con la práctica”, dijo la abogada.
Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional, aseguró que “no hay ningún tipo de incompatibilidad” entre el proyecto de ley en discusión y la Convención sobre los Derechos del Niño” sino que “por el contrario, con esta iniciativa se está honrando el derecho a la vida de las niñas, niños y adolescentes”.
Para el abogado Alberto Bianchi, doctor en derecho de UBA, la ley se contrapone en el orden constitucional y con el Código Civil y Comercial, que entienden que hay vida humana desde el momento de la concepción y cuestionó que la ley “pase de despenalizar a la mujer que aborta a penalizar a los médicos que se oponen”.
Gala Díaz langou, directora de protección social de Cippec, consideró que la iniciativa “puede saldar una deuda y, a la vez, contribuir al desarrollo con equidad” y advirtió que “la criminalización repercute sobre las trayectorias vitales de las personas y afecta a las mujeres más pobres”.
María Elena Critto, socióloga, señaló que “hay muchos mitos respecto al aborto” como el hecho de que “la muerte por aborto es la principal causa de muerte materna” en el país o la idea de que “la legalización del aborto reduce la mortalidad”.
Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, hizo hincapié en el hecho de que la penalización del aborto conlleva “maltratos y discriminación”, mientras que Luciana Sánchez, abogada penalista, se refirió a la cantidad de mujeres de bajos recursos en peligro por no poder acceder al misoprostol, el medicamento utilizado para la interrupción del embarazo.
