Colombianos denunciaron en Buenos Aires los asesinatos extrajudiciales en su país
La Asamblea de Colombianxs en Argentina y autoconvocados denunciaron este lunes en la Plaza de Mayo los casos de asesinatos extrajudiciales que en Colombia superan los 6.400, en el marco de una acción global ideada por Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en el Día Internacional de la Desaparición Forzada.
Alrededor de medio centenar de personas se congregó esta tarde frente al Obelisco, en el barrio porteño de San Nicolás, donde botas de caucho intervenidas por artistas y miembros de la comunidad colombiana rodearon el monumento, y marcharon hacia Plaza de Mayo, con el objetivo de visibilizar y denunciar los “crímenes de ‘falsos positivos’ cometidos por el Estado colombiano”.
Los últimos datos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organismo parte de la Justicia Transicional creado tras los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, cifran en al menos 6.402 los civiles asesinados a manos del Ejército para hacerlos pasar por guerrilleros abatidos desde 1988, aunque la Fiscalía contabiliza 2.248.
“Hay algo clave y es que ha venido avanzando en descubrir esta forma de operar del Estado colombiano gracias al trabajo de las madres de las victimas, que lleva más de 10 años, desde que se empezaron a evidenciar a partir del caso emblemático de Soacha”, explicó a Télam la socióloga y militante colombiana por la organización Defendamos la Paz Internacional, Denis Rojas.
En 2008, 16 jóvenes que desaparecieron en Soacha, al sur de Bogotá, tras ser reclutados a través de ofertas de trabajo fraudulentas, fueron encontrados sin vida a unos 600 kilómetros, en Ocaña, al norte de Santander, presentados como guerrilleros muertos en combate por el Ejército.
Muchos de esos chicos fueron encontrados con botas de caucho nuevas que no eran de su talla o puestas al revés, un elemento que se convirtió en un símbolo porque también permitió probar que todo había sido una escena montada.
“Se empieza a ver que hay patrones de desaparición en algunos lugares y de incremento de los NN en otros, Y que estos chicos que aparecen lejos están denunciados como desaparecidos en otros lados, que son los mismos cuerpos y que habían sido registrados como bajas en combate”, precisó Rojas.
Según la JEP, la mayoría de estos crímenes habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008, coincidiendo con los primeros seis años del mandato del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), referente de la ultraderecha colombiana y consejero del actual mandatario, Iván Duque.
“A partir del Gobierno de Uribe, se descubre que en el Ejército hay un comparecimiento de las bajas, y la forma que encuentran los soldados para cumplir las exigencias es matar civiles para garantizar vacaciones y bonificaciones económicas. Esto genera un mercado de civiles para vender al Ejército, que son pagados por la caja menor de comandos militares, con recursos públicos”, expresó la socióloga.