Casación ratificó la condena de López y sus testaferros en la causa por los bolsos con dólares
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy las condenas impuestas al exsecretario de Obras Públicas José López y a sus testaferros en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se le siguió al exfuncionario que en 2016 fue sorprendido cuando intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
Así lo revelaron hoy fuentes judiciales al señalar que la sala segunda del máximo tribunal penal del país rechazó por unanimidad los recursos del exfuncionario y por mayoría los de los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez y confirmó las condenas por enriquecimiento ilícito; también por unanimidad rechazó sus recursos contra la pena única y la fianza impuestas.
De este modo, López quedó condenado a la pena de siete años y seis meses de prisión (la pena vence el 14 de diciembre del 2023), multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua y los empresarios Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez a la pena de ejecución condicional de 2 años y 6 meses de prisión, con una multa del 50% del valor del enriquecimiento.
Con el fallo que lleva la firma de los jueces Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci se confirmó también el decomiso de la residencia de López de la localidad de Dique Luján, en Tigre, el del dinero el dinero y objetos incautados (8.982.047 dólares y 153.610 euros; además de 159.114 pesos), que se dirigen al Hospital Garrahan y al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con el fin de que puedan satisfacer sus necesidades prioritarias de asistencia médica para los niños/as y adolescentes del país.
La decisión de poner el dinero a disposición de los dos hospitales fue adoptada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 que fue el que juzgó y condenó al exfuncionario y a los empresarios.
El secuestro del dinero que López llevaba en bolsos se produjo en la madrugada del 14 de junio de 2016 en el monasterio “Nuestra Señora de Fátima”, ubicado en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.
Según la sentencia condenatoria, López urdió un plan para ocultar el dinero y los valores en el convento -donde arribó a una carabina calibre 22mm, con mira telescópica -aprovechándose del estrecho vínculo que había establecido con las monjas de ese monasterio.
El tribunal estableció que también se benefició junto con su mujer con la mansión ubicada en Dique Luján y para ello se valió de dos empresarios como testaferros: Andrés Galera, con quien guardaba una relación personal y además estaba ligado a la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano, y Eduardo Gutiérrez, presidente del Grupo Farallón y dirigente de la Cámara Argentina de la Construcción.
En el fallo de Casación, juez Slokar señaló que López a lo largo de la causa brindó múltiples y diferentes versiones de los hechos y el supuesto origen del dinero con la intención de mejorar su posición en el proceso y en coincidencia con los beneficios obtenidos como “colaborador” ante “actores” de expedientes en los que es investigado por diferentes delitos contra la administración pública.
López trató de aprovechar “un contexto político que le permitía, para el momento de su declaración, acomodar su situación procesal y, eventualmente, poner en duda el origen del dinero” que se comprobó de su propiedad, sostuvo el magistrado.
Sobre la trazabilidad de los dólares estadounidenses termosellados incautados en poder de López, durante el juicio se conoció que fueron recibidos por el Banco FINANSUR SA, el 11 o 12 de octubre de 2011, puerta a puerta, desde Nueva York (FED EROC), a través de la compañía Brinks Global Services.
El juez Mahiques, en disidencia, sostuvo que la adquisición y refacción del inmueble cuestionado no implicó un acrecentamiento injustificado en el patrimonio de López, como tampoco que las presuntas personas “interpósitas” hubieran comprado el bien con la finalidad de disimular ese enriquecimiento.
En mayo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que López deberá pagar 85 millones de pesos como fianza si desea acceder a la libertad condicional en la causa en la que está condenado por enriquecimiento ilícito.
