Carlés, sin interlocutores en el Gobierno
La historia de este desencuentro empezó el 20 de septiembre del año pasado en Santa Marta, la residencia del Vaticano donde vive el papa Francisco. Hasta allí, Cristina Fernández de Kirchner había concurrido acompañada por una delegación de 33 personas, que incluyó al canciller Héctor Timerman, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el secretario general Oscar Parrilli, el vicegobernador Gabriel Mariotto y los principales dirigentes de La Cámpora, Eduardo de Pedro, Andrés Larroque, José Ottavis, Hernán Reibel, la nieta recuperada Victoria Montenegro y el joven radical K Leandro Santoro. El costo que las fotos de ese encuentro tuvo para la imagen del Pontífice en la Argentina tuvo una explicación: en el encuentro privado, el ex cardenal Bergoglio le pidió a la Presidenta que designara al abogado Roberto Carlés en la Corte Suprema de la Nación.
Cristina se comprometió a llevar el pliego de Carlés adelante, aunque no sabía de quién se trataba. Finalmente, era un pedido del Papa (“sugerencia papal”, precisan), el primero que le hacía, algunos dicen que “el único”. Carlés había tenido una importante actuación coordinando la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal convocada por el Ministerio de Justicia de la Nación, a donde llegó por recomendación de Raúl Zaffaroni y en la que actuó junto a Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián y Federico Pinedo, entre otros, una inédita -y frustrada- experiencia multipartidaria en el gobierno kirchnerista. Por esa época fue que conoció a la abogadaAlicia Oliveira y a través de ella tomó contacto con el Papa, del que se transformó en un asesor informal, incluso redactor de algunos discursos vinculados al derecho.
Francisco quedó encantado con el perfil del jurista que asistió a una escuela católica de Mataderos, donde incluso llegó a darle la confirmación. Que fuera un joven de 33 años tampoco le parecía grave, aunque no hubiera ningún caso semejante en la historia de la justicia argentina (Julio Oyhanarte fue designado a los 37), porque lo importante era que “le haría bien al país”.
Hoy Carlés asegura que no fue por idea de él que el papa Francisco hizo ese pedido a la Presidenta y que no se convenció de que esa posibilidad existía hasta que el ministro Julio Alak lo llamó en el mes de octubre para informarlo de que el Poder Ejecutivo elevaría el pliego con su nombre cuando se produjera la vacante de Zaffaroni. “No me podía negar a una propuesta de Francisco“, acota. También dice que esa fue la única vez que un funcionario del Gobierno tomó contacto con él y que nunca nadie más le atendió el teléfono. “No tengo interlocutor alguno”, explica.
Así fue que la maquinaria del Gobierno se puso en funcionamiento para lograr que Carlés fuera designado en la Corte Suprema, tal como Cristina se había comprometido en Santa Marta, aunque parece que sin verdadera convicción. Por ejemplo, envió el pliego a la Comisión de Acuerdos el 6 de marzo, donde obtuvo pronto despacho para llevarlo a audiencia pública, pero no habló con ningún opositor para obtener un voto más por encima de los 10 oficialistas. Roberto Urtubey, presidente de la Comisión, ni siquiera habló con Lucila Crexell, la representante del Movimiento Popular Neuquino que vota habitualmente con el FPV. Ella lo notó, por eso, respaldó el tratamiento en audiencia pública, pero anunció que votará en contra de la designación en el recinto.
La audiencia pública se realizó el martes 31 de marzo, pero no fue transmitida en directo como otras designaciones que promovía el Ejecutivo, por ejemplo, cuando se trataba el pliego de Alejandra Gils Carbó para la Procuración General de Justicia, ni tuvo despliegue central en los medios kirchneristas. Es más, hoy Carlés se queja de que no tuvo ninguna asistencia administrativa de parte del Senado de la Nación, aunque ocupa un cargo de planta permanente en la Dirección de Obras y Servicios Generales, debiendo hasta fotocopiarse el material que llevó a la audiencia.
Es verdad que Urtubey presentó la propuesta, pero el único senador que defendió la postulación fue el presidente del bloque del FPV, Miguel Ángel Pichetto. Incluso, el habitualmente oficialista Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) no se pronunció al respecto, argumentando que no es un tema que le incumbe directamente, aunque hoy Carlés dice que en el caso de Zaffaroni sí se pronunció y, por supuesto, a favor.
La situación de Carlés es curiosa. Es el candidato del oficialismo para la Corte Suprema, pero ningún oficialista se ocupa de su destino. Nadie del Gobierno trabaja para ganar adeptos a su nominación. En la mayoría de los casos, él mismo fue el que se ocupó de hablar con senadores opositores y periodistas, a quienes les juró que habla con el Papa todos los sábados, que pareciera ser el día que Francisco tiene más tiempo libre, con quien últimamente evalúa el aislamiento al que está sometido.
En principio, su nominación se iba a votar este mismo miércoles en el recinto, apurando las decisiones, como acostumbra hacerlo el Gobierno, pero no sólo fue demorada una semana más, sino que no se conocen esfuerzos por llegar a los dos tercios de los presentes necesarios para hacerlo juez de la Corte Suprema que, para los expertos, sería posible con el respaldo de los senadores Adolfo Rodríguez Saa, Roberto Basualdo y Liliana Negre de Alonso, del peronismo disidente.
Pero las cosas se le complican todavía más a Carlés. Anoche había fuertes rumores de que el Gobierno retiraría el pliego del Senado para evitar una derrota segura. Claro, la Presidenta ya consiguió la entrevista con el Papa para el próximo 7 de junio, en plena campaña electoral: ya no necesita cumplir con la palabra que empeñó en Santa Marta.
