ATE denunció que el gobierno de Milei planea despedir a quienes tengan afiliación partidaria distinta a LLA
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) accedió a información sobre la nueva tanda de despidos que planea el Gobierno nacional y denunció que estará orientada a despedir trabajadores que tengan afiliación partidaria distinta a La Libertad Avanza (LLA), que hayan hecho campaña en contra de la actual gestión, que hayan presentado reiterados certificados médicos, e incluso que sean considerados “conflictivos”.
“Este tipo de despidos que ahora quieren llevar adelante en la administración pública a fin de septiembre se encuentra prohibido por todas las leyes. Se trata de cesantías discriminatorias fundadas en una razón política. Para ellos es conflictivo el trabajador que reclama por sus derechos. Nos quieren esclavos. El autoritarismo de este gobierno no es compatible con la democracia. Han decidido violar la dignidad de los estatales y de todas las personas. Esto solo ocurrió en la dictadura”, apuntó Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente aseguró: “los funcionarios de este gobierno van a terminar condenados. Están utilizando su autoridad para someter, controlar y dominar a todos los trabajadores. Cometen abusos psicológicos. Están actuando al margen de la ley y así perjudican no sólo a las personas, sino también a toda la administración. Son conductas comprendidas en el Código Penal. Utilizan sus cargos para fines distintos al interés público”.
Cabe recordar que hay más de 65 mil trabajadores de la planta transitoria del estado cuyos vínculos laborales fueron renovados a principios de junio tan solo por 90 días, por lo que los mismos se ponen en riesgo a fines de septiembre.
Además, ATE comprobó que son varios los ministerios y secretarías que utilizarían este criterio de despido. Como ejemplo, la Secretaría de Transporte presentó un proyecto interno (IF-2024-72051494-APN-GGRH#SOFSE) para reducir en un 36% del personal bajo este esquema.
El sindicato recordó que la Justicia ya se expidió en reiteradas ocasiones declarando la ilegalidad de las cesantías, y convocó a todas sus instancias orgánicas para definir la continuidad del plan de acción.
