Apelan “absurdo” desprocesamiento de Garlatti
El fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro Cantaro, recurrió ayer ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo por el que la Cámara Federal desprocesó y dictó la falta de mérito al arzobispo local, Guillermo Garlatti, y al apoderado del ex capellán del Ejército Aldo Vara, Leopoldo Bochile, quienes se encuentran imputados de haber prestado asistencia al prelado castrense mientras estuvo prófugo durante ocho meses en una causa por crímenes de lesa humanidad.
“Señores jueces de la Cámara Nacional en lo Penal Federal, si la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones no es casada, esta causa está muerta y no la revivirá siquiera que la suerte de las conductas que se juzgan sean la de los portadores del Verbo Divino”, indicó el Cantaro en su recurso, en el que requirió que se revoque la falta de mérito a los dos imputados.
No obstante, el fiscal general señaló que “la responsabilidad de Garlatti aún es mayor” porque su conducta “significó la ayuda económica de quien debiendo ser un siervo de Jesús, era perseguido por delitos contra la mayúscula del hombre, contra la Humanidad que debía resguardar y preservar. No pareció Garlatti reparar en el reproche moral que cabe a quien colabora en sostener a un cura (etimológicamente: sana, no lesiona, tortura, secuestra y mata) que elige la fuga antes que la presencia para dar cuenta de sus actos a la ley, a las víctimas, a la sociedad que debía preservar, cuidar, consolar”.
El arzobispo Garlatti y el apoderado Bochile habían sido procesados en primera instancia por el juez subrogante Álvaro Coleffi, en el marco de una investigación motorizada por la denuncia de los fiscales de la Unidad que interviene en casos de terrorismo de Estado, Miguel Palazzani y José Nebbia, e impulsada e instruida por el fiscal de primera instancia, Antonio Castaño.
Durante la investigación, se logró acreditar que Vara, cuya captura fue ordenada el 7 de agosto de 2013 y fue hallado por Interpol en Ciudad del Este, Paraguay, el 28 de abril pasado, era beneficiario de un subsidio de 2350 pesos que paga la Conferencia Episcopal Argentina a los sacerdotes mayores de 68 años a través de las respectivas curias. Vara había designado en 2001 a Bochile para percibirlo en su nombre todos los meses en el Arzobispado de Bahía Blanca.
Ese fue el principal elemento de cargo considerado por los fiscales y el juez subrogante para procesar a Garlatti por encubrimiento agravado y desobediencia a la orden del Poder Judicial de informar todos los datos que tuviera sobre su paradero, y para tomar la misma medida contra Bochile, por el primero de los delitos.
Pero los camaristas bahienses Pablo Candisano Mera y Ricardo Emilio Planes sostuvieron que la omisión del Arzobispado de informar sobre el subsidio es “un dato que no era requerido expresamente por la sede [judicial]” y ponderaron que el propio Garlatti en su declaración indagatoria había afirmado que “nunca imaginó que dicho dato podría resultar relevante para dar con el paradero de quien se encontraba prófugo”. En cuanto a Bochile, los jueces valoraron que “percibir dinero a nombre de tercero no conlleva la acción de entrega, o cuando menos, nada se ha acreditado al respecto ni se investigó sobre el destino de lo percibido”, por lo cual consideraron que “con lo que se ha investigado hasta aquí, no alcanza para tener por acreditada la supuesta colaboración o ayuda económica del imputado Bochile al pŕofugo Aldo Omar Vara”.
En el recurso de Casación, Cantaro calificó la resolución de alzada como “arbitraria” pues indicó que el tribunal bahiense “se ciñó a formular diversas consideraciones de carácter dogmático en punto a la significación jurídica del suceso, omitiendo profundizar en la valoración de la prueba colectada”.
Al respecto, Cantaro señaló que “es palmaria la absurdidad del planteo de atipicidad de la concucta de los encartados”, pues “el pago se generaba automáticamente y quien lo materializaba era la Arquidiócesis y se asentaba en una planilla en la que firmaban su recepción ocho personas, entre ellas el arzobispo Garlatti y Vara a través del mandatario Bochile. Hay pagos que son legales y se transforman en antijurídicos desde cuando pasan a ser la ayuda económica a un prófugo. ¿Cuál sería el temor de Garlatti y Bochile, que Vara los demandase por el no pago o los denunciase penalmente por retención indebida?”
En ese sentido, el fiscal general de Bahía Blanca precisó que la decisión del tribunal “oculta un sobreseimiento” cuando señala que la conducta de Garlatti y Bochile no es punible pues se correspondía con las expectativas y el rol social que se esperaba de ellos en el caso concreto. Con ese razonamiento, “se pruebe lo que se pruebe, nada podrá variar la neutralidad de sus actos, que no constituyen, por ello mismo, un delito”, valoró Cantaro.
“Si para analizar las conductas de los imputados basta que el reprochado Garlatti diga que nunca se imaginó que la información omitida -a saber: que Vara cobraba una pensión o jubilación a través de un apoderado-, era relevante como respuesta a la información exigida; y que tal infantil explicación excluya la imputación de la desobediencia a la orden judicial que mandaba informar ‘todos los datos’ que se posean respecto del paradero de Vara, ¿qué más y mejor puede probarse que revierta la ya declarada atipicidad de su conducta?”, se preguntó el representante del Ministerio Público.
Respecto de Bochile, señaló que “según el fallo de la Cámara, seguir cobrando para -y en nombre de- Aldo Vara, luego de ser declarado prófugo de la Justicia, una pensión que, por mucho o poco que fuere, lo ayuda a Vara a mantenerse en su condición de prófugo de la Justicia humana, nada dice del encubrimiento por favorecimiento personal, ya que lo mismo que hizo desde octubre de 2013 era lo que hacía desde diez años antes”.
Al analizar la respuesta negativa de Garlatti ante el pedido del juez Coleffi sobre Vara, el fiscal señaló que “el enunciado ‘todos los datos que conociere sobre el paradero actual de Aldo Omar Vara’ puede dar lugar a una discusión, pero esa ambivalencia puede ser fácilmente eliminada en el discurso. ‘Todos los datos’ no es un concepto vago, puede ser precisado si es necesario, para lo cual se pueden indicar cuáles son los elementos que lo definen. Garlatti no dijo que su confusión surgiera de ‘paradero actual’, diciendo que él no sabía dónde se hallaba Vara el día en que recibió el oficio judicial, sino que no imaginó siquiera cuál era el alcance de ‘todos los datos respecto del paradero de Vara’”.
Cantaro señaló además que “el juez federal de primera instancia no tenía un modo más preciso en el marco en que se dirigió a Garlatti, que pedirle todos los datos que el arzobispo poseyera respecto del paradero de Vara y la deducción de Garlatti, consagrada por el fallo de la Cámara, descansa en arena movediza”.
“En este caso, la conducta de Garlatti y que los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca celebran con su interpretación, no sólo generan inseguridad jurídica sino que producen resultados sociales insatisfactorios, pues las decisiones judiciales y los mandatos como el librado a Garlatti han de ser congruentes con las expectativas y el sentimiento de justicia de los asociados”, puntualizó el fiscal, quien recordó también que los organismos de Derechos Humanos habían reclamado información a la curia local sobre el cura prófugo.
Cantaro explicó que la frase “toda la información” utilizada por Coleffi “puede dar lugar a sobreinclusión e información innecesaria, pero nunca a infrainclusión y no dar alguna que se conoce, por razones morales excluyentes”.
