Alberto Fernández debe afrontar un pago de US$718 millones al FMI, con reservas en estado crítico
El Gobierno atraviesa en los próximos días un escenario de gran tensión, ya que debe pagarle más de US$718 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en plena caída de reservas, de las presiones cambiarias y de las negociaciones con el organismo multilateral.
El viernes vence una amortización de capital mientras que el martes de la semana que viene la Argentina debe cancelar más de US$366 millones, entre capital e intereses.
El calendario de pagos luce complicado para el Gobierno: incluye otro vencimiento de capital por más de US$964 millones el 21 de marzo mientras que un día después debe abonar más de US$1860 millones.
Con el calendario de pagos de fondo se profundiza la caída de reservas por las ventas del Banco Central (BCRA) en el mercado cambiario oficial. El viernes se ubicaban en US$38.945 millones, el nivel más bajo desde noviembre de 2020.
Se desconoce cuál es el nivel de reservas netas del BCRA, los dólares de rápida disponibilidad que pueden usarse para intervenir en el mercado.
Aunque la autoridad monetaria no informa estos datos los economistas estiman que son de U$S1564 millones sumado a U$S625 millones de DEG del FMI lo que resulta en U$S2200 millones, de acuerdo a un reporte de la consultora FMyA.
Si el Central contara con U$S2200 millones en reservas netas la Argentina podría afrontar todos los pagos, excepto el último vencimiento de marzo. Las previsiones de los economistas son que si el Gobierno no cierra un acuerdo con el FMI el país entrará en mora con el organismo, aunque podría intentar pedir un período de gracia.
De acuerdo al informe de la consultora FMyA “si algún país cae en ‘atrasos’ con el FMI entendemos que se trata ‘directamente’ de un default (no habría período de gracia, aunque parte del mercado cree que hay 6 meses), y el FMI limita desde el día 1 el uso de los DEG (que hoy son pocos, U$S625 millones, pero que se podrían acabar el próximo 28 de enero si la Argentina le paga al Fondo)”.
El reporte advierte que “en atrasos el país deja de ser elegible para programas, se suspende definitivamente cualquier tipo de asistencia técnica y el país pierde su derecho a voto”.
