Admiten revisar las apelaciones de la sentencia a los represores
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa concedió el lunes pasado el análisis de las apelaciones presentadas por los represores condenados en la sentencia del juicio de la Subzona 14 II, “a fin de garantizar con la mayor extensión la protección de los derechos de los imputados”.
De esta manera, ahora la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca revisará el fallo mediante el cual se condenó hace dos meses a un grupo de represores de la última dictadura militar en La Pampa. Además, el TOF también aceptó que se analicen las apelaciones de las querellas a la única absolución en el juicio y también al rechazo de los jueces -por mayoría- a considerar que los delitos comprobados se cometieron en el marco de un genocidio.
Los miembros del TOF, Pablo Ramiro Díaz Lacava, Marcos Javier Aguerrido y José Mario Tripputi, firmaron esa resolución el lunes pasado. Hasta que no se resuelvan las apelaciones, no quedará firme la sentencia Nº 21/2019, algo que permite que los condenados continúen en libertad, a excepción del exjefe de la Policía durante la dictadura, Luis Baraldini -violó su prisión domiciliaria-, el exsecretario de la Gobernación Omar Greppi -con domiciliaria en Capital Federal por la pena del primer juicio- y el torturador Carlos Reinhart, en la cárcel aún purgando su primera condena.
Los recursos de casación habían sido presentados después de la sentencia por los abogados Hernán Vidal en representación de los condenados Hugo Roberto Marenchino y Néstor Omar Greppi; el abogado Máximo Ramón Pérez Florez, quien conjuntamente con Gerardo Ibáñez ejercen la representación legal del condenado Máximo Pérez Oneto; los letrados Pedro Mercado y Omar Cayre en ejercicio de la defensa de Luis Enrique Baraldini y los representantes de la Defensa Pública Oficial, Laura Beatriz Armagno y Luciano Rodríguez, asistiendo a Néstor Bonifacio Cenizo, Oscar Alberto Yorio, Athos Reta, Miguel Ángel Ochoa, Carlos Roberto Reinhart, Orlando Osmar Pérez, Jorge Osvaldo Quinteros, Oscar Alberto Melazzi y Juan Domingo Gatica.
Además, también interpusieron recursos de casación el abogado Franco Catalani, patrocinante de Sergio Aldo Baudino en su carácter de rector de la Universidad Nacional de La Pampa, apoderado de Rafael Mercedes Guardia, Guillermo Quartucci, Graciela Bertón y, juntamente con el abogado Miguel Ángel Villagra apoderados del Partido Comunista -filial La Pampa-, del Movimiento Popular Pampeano de Derechos Humanos y de Juan Carlos Pumilla; Juan Carlos Resia, en calidad de letrado patrocinante de Raquel Angelina Barabaschi; y el fiscal general subrogante Leonel Guillermo Gómez Barbella y el fiscal auxiliar Federico Martín Iparraguirre.
“En el caso de autos, el remedio impugnativo intentado cumple con los requisitos de admisibilidad. En efecto, la resolución objeto de los recursos citados se trata de una sentencia definitiva, los mismos fueron deducidos en término, con indicación concreta de los supuestos de impugnación y expresión de los fundamentos tendientes a demostrar los defectos achacados al pronunciamiento recurrido”, señalaron los jueces.
Además, recordaron que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en el antecedente “Casal Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa” (Fallos 328:3399): “Que el art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación debe entenderse en el sentido de que habilita una revisión amplia de la sentencia, todo lo que sea posible al máximo esfuerzo de revisión de los jueces de casación”, interpretación ésta conciliable con lo prescripto por la Constitución Nacional (art.75, inc. 22) que recepta el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.5) y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (art.8.2h)”.
“Por lo expuesto y a fin de garantizar con mayor extensión la protección de los derechos de los imputados, procede conceder los recursos de casación articulados”, fundamentaron.
El 16 de agosto pasado fue condenado a 25 años de cárcel Baraldini, uno de los principales engranajes de la maquinaria de la represión ilegal y el terrorismo de Estado. También recibieron condena otros doce represores, fruto del debate que se había iniciado hacía dos años atrás. Baraldini rindió cuentas por primera vez por sus crímenes de lesa humanidad, ya que en 2010 había escapado de la mano de la Justicia, prófugo en Bolivia.
A 16 años de cárcel fue condenado el médico Máximo Pérez Oneto, primer civil alcanzado por los juicios por la represión en la provincia. También fue condenado nuevamente, a 25 años, Néstor Greppi.
Las otras condenas a represores que ya habían tenido sentencia en el primer juicio, de 2010, fueron las siguientes: 14 años de prisión para el exoficial Carlos Rehinhart; 12 años para el expolicía Athos Reta; 12 años de prisión para Néstor Bonifacio Cenizo; 10 años para el expolicía Antonio Oscar Yorio y para Hugo Marenchino.
Además, condenaron por primera vez a los policías Juan Domingo Gatica y Oscar “Miseria” López , a 12 años; a 10 años a Orlando Osmar Pérez; a 8 a Jorge Osvaldo Quinteros; y a 6 a Miguel Ángel Ochoa.
La única absolución fue para el comisario Luis Horacio Lucero, que había llegado al debate acusado por un solo caso, el del secuestro de una maestra en una escuelita rural del oeste pampeano.
Los 234 casos que se ventilaron en ese segundo juicio son personas secuestradas entre 1975 y 1982, sometidas a interrogatorios con los ojos vendados en la mayoría de las oportunidades, bajo torturas con picana eléctrica, golpes, amenazas de muerte, simulacros de fusilamiento y vejaciones. En el juicio de 2010 se habían contemplado 28 víctimas. (El diario de La Pampa)
