A la espera de una señal
El objetivo es seguir pagando las obligaciones con los que ingresaron a los canjes y evitar el default, pero la negociación con los buitres debe ser habilitada por el juez Griesa, en principio restableciendo la cautelar que evita embargos.
Los escenarios y estrategias del Gobierno se reconfiguran con cada paso de la Justicia de Estados Unidos y los fondos buitre, pero las posibilidades siguen siendo dos. El objetivo es continuar pagando las obligaciones financieras con el 92,4 por ciento de los acreedores y evitar un default. Para eso, el Ministerio de Economía mantiene su voluntad para entablar una negociación con demandantes que sea habilitada por el juez Thomas Griesa y buscar una solución en condiciones distintas a las obtenidas en la sentencia. Desde el equipo económico advierten que, por el momento, ese camino está bloqueado por las decisiones de las cortes estadounidenses. La segunda alternativa es avanzar en la oferta de canje voluntario del lugar de pago a Buenos Aires. El titular del Palacio de Hacienda, Axel Kicillof, afirmó que comenzaron a trabajar en su implementación pero, hasta ayer, no se registraron avances concretos en la materia. Se trata de un proceso sencillo para poner en marcha, pero inevitablemente generaría “holdouts de segunda generación” ya que no todos los acreedores cambiarían sus títulos.
“No tenemos planeado viajar a Nueva York la próxima semana. Nosotros no cerramos ninguna alternativa, pero hoy esa posibilidad no tiene sentido porque los jueces nos están obligando a caer en un default o violar nuestra ley”, explicó ayer a Página/12 un funcionario del equipo de Kicillof. Por la mañana había sido el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, el encargado de refutar el posible traslado de una comitiva a Estados Unidos que supuestamente llevaría una propuesta alternativa a los buitres. El miércoles durante una audiencia de ambas partes con el juez Griesa, el representante del país afirmó que, según le había anticipado el Gobierno, funcionarios viajarían a esa ciudad la próxima semana. Es improbable que el abogado Carmime Boccuzzi se “corte solo”, por eso algunos entendieron que se trató de un mensaje para abrir una instancia de diálogo que no fue recibido por el octogenario magistrado (ver página 3).
“Los escenarios cambian muy rápido. El miércoles arrancamos con la medida cautelar que limitaba la ejecución de la sentencia vigente y más tarde la Cámara de Apelaciones levantó la suspensión. Después el juez Griesa se dedicó a cuestionar el discurso de la Presidenta y bloquear cualquier posibilidad de negociación”, relataron desde el Ministerio de Economía mientras aguardaban el regreso de Kicillof desde la quinta de Olivos donde se reunió con Cristina Fernández de Kirchner.
Abundan especulaciones sobre posibles mecanismos de pago negociados que permitirían evitar una situación de crisis financiera pero, antes de evaluar cualquiera de ellos, se requiere abrir el canal de diálogo y que esa vía sea amparada por el juez para evitar un default. Eso requiere obtener una nueva suspensión (stay) para la sentencia que ofrezca un horizonte de discusión más allá del 30 de julio cuando el país entraría en default si no puede cursar normalmente sus pagos. La segunda restricción a las múltiples y aventuradas hipótesis es el financiamiento del monto que se debe cancelar: la sentencia son aproximadamente 1500 millones de dólares pero los pagos por los reclamos vía pari passu se extenderían hasta los 15.000 millones (con el 6 por ciento restante que no ingresó al canje), una suma que Argentina no puede desembolsar de una vez sin poner en riesgo su sustentabilidad macroeconómica. Finalmente, se debe lograr alguna garantía para que el 92,4 por ciento de los acreedores no busque avanzar por la vía judicial. No es una tarea sencilla.
Si la vía fuera el canje voluntario también hay limitaciones. En total hay 28 mil millones de dólares en títulos regidos por legislación extranjera. Todos esos papeles podrían cambiarse por otros equivalentes –misma moneda y rentabilidad– emitidos con ley argentina. Así, se evitarían las restricciones del fallo de Griesa para los intermediarios financieros en Estados Unidos. El cambio voluntario de los títulos no requiere una ley, sino que se trata de un procedimiento técnico. La operatoria de cambio voluntario no depende del visto bueno de una porción mínima de los acreedores ya que no se trata de modificar las condiciones de los bonos vigentes, sino de un cambio por papeles “idénticos” pero pagados en Buenos Aires. Sin embargo, es inevitable que surjan nuevos holdouts ya que será difícil obtener la participación masiva de los inversores minoristas. Además, existen algunos hedge funds extranjeros que, por sus reglas internas, no pueden comprar títulos que no se rijan por la ley estadounidense.
