EEUU incluyó el caso de Milagro Sala en su informe sobre detenciones arbitrarias
El Departamento de Estado hizo referencia a la dirigente piquetera en su documento anual sobre la situación de los derechos humanos, en el que también reseña el avance en la investigación de casos de corrupción durante el kirchnerismo, el estancamiento en la investigación de la muerte de Nisman y episodios de censura y violencia contra periodistas
A última hora del viernes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en el que incluyó, en su capítulo dedicado a la Argentina, la detención de la dirigente piquetera kirchnerista Milagro Sala en la sección dedicada a “Arrestos o detenciones arbitrarias”. El mismo informe, asegura que en el país “no han sido reportados prisioneros políticos”, denuncia la falta de avances en la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, reseña casos de censura y violencia contra periodistas y dice que existen múltiples casos de corrupción -entre los que menciona el del ex secretario de Obras Públicas José López-. También, pone el foco en la situación de los derechos LGTB y en la violencia contra las mujeres.
Respecto de Sala, el Gobierno estadounidense incluye su caso en la sección dedicada al “Respeto por la Integridad de la Persona”, bajo el subtítulo “Arrestos o detenciones arbitrarias”. Tras aclarar que “la ley prohíbe los
arrestos o detenciones arbitrarias y el Gobierno generalmente cumplió esas prohibiciones”, hace una descripción de la situación de la líder tupamara en los siguientes términos: “El 21 de octubre, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias pidió la liberación de la activista social de la Tupac Amaru Milagro Sala, opinando que su prisión preventiva era arbitraria. El 16 de enero, las autoridades arrestaron a Sala mientras dirigía una protesta contra la reforma del gasto social del gobierno provincial de Jujuy. Las autoridades inicialmente imputaron a Sala por sedición; sin embargo, el fiscal de la provincia de Jujuy descartó luego el cargo de sedición e interpuso nuevos cargos de agresión, fraude y malversación de fondos públicos. Organizaciones no gubernamentales internacionales criticaron la detención y el rechazo del gobierno provincial a la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU. El 28 de diciembre, un tribunal federal condenó a sala por “daños materiales agravados” y la sentenció a 3 años de prisión en suspenso. El 29 de diciembre, Sala fue condenada por un tribunal provincial por cargos de disturbios civiles. Fue multada con $4363 (US$ 235) y se le prohibió ocupar cargos en organizaciones civiles”.
Sala no es la única kirchnerista mencionada en el informe: en el apartado dedicado a los casos de corrupción, reseña la situación del ex secretario de Obras Públicas de la Nación José López, imputado por un juez federal el 30 de junio por corrupción y enriquecimiento ilícito. “La policía observó y grabó a López escondiendo aproximadamente nueve millones de dólares en efectivo y relojes de lujo dentro de un convento de la provincia de Buenos Aires. Durante el año, la Oficina Anticorrupción participó en la acusación y revisión de los contratos de infraestructura supervizados por López durante su gestión entre 2002 y 2015”.
El Departamento de Estado llama la atención, asimismo, sobre los casos de corrupción registrados en algunas fuerzas de seguridad y sostiene que “los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y protección de los involucrados en tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la promoción de la prostitución”.
Respecto a la muerte de Alberto Nisman, fiscal especial a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA, sostiene que durante el 2016 “continuó sin concluir en cuanto al motivo de su muerte”.
En la sección dedicada a relevar los casos de antisemitismo, explica que los incidentes más comúnmente reportados “fueron insultos publicados en varios sitios web, graffiti, insultos verbales y la profanación de cementerios judíos”.
Durante el año pasado, se registraron además episodios de violencia contra periodistas, con “denuncias de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento” en relación con su trabajo, usualmente relacionado con “casos de corrupción oficial”.
“El 11 de abril, atacantes desconocidos atacaron a un periodista del canal de televisión TN que estaba cubriendo la salida del ex presidente Cristina Kirchner de Santa Cruz. Al día siguiente, los agresores atacaron a los periodistas de Radio Mitre mientras se presentaban ante el tribunal de Buenos Aires”, relata el informe y continúa: “El 4 de septiembre, un individuo anónimo amenazó al conocido periodista Luis Majul a través de un mensaje de texto mientras estaba entrevistando a un testigo protegido en un caso legal en el que participaron ex funcionarios del gobierno”.
El 4 de septiembre, una persona anónima amenazó con un mensaje de texto al conocido periodista Luis Majul, mientras entrevistaba a un testigo protegido en un caso legal que involucraba a los funcionarios del gobierno anterior.
Más allá de la violencia física, también reseña un caso de censura: “El 20 de marzo, el programa de Roberto Navarro del canal de televisión C5N fue cancelado por un día debido a ‘razones políticas’. Navarro dijo que había planeado transmitir un informe especial en el que retrataba a un socio del presidente Mauricio Macri bajo una perspectiva negativa”.
El documento es publicado todos los años por el Gobierno de los Estados Unidos, está elaborado sobre la base de las informaciones provistas por sus embajadas y por diferentes áreas del Departamento de Estado, y está dividido en capítulos dedicados a cada país.
