Imputarán al capataz de una obra en la que murió un bahiense
Un empleado de la empresa Rimsol SA será el primer imputado en la causa por la tragedia ocurrida en Catriel el pasado 19 de noviembre cuando Claudio Malmoria, operario de la empresa de Bahía Blanca, murió luego de la intoxicación con un gas sulfhídrico. Otras cinco personas, entre ellos el capataz de la obra, estuvieron varios días internados como consecuencia de la intoxicación.
La fiscalía también investiga el desempeño de la municipalidad de Catriel que le adjudicó la obra a Rimsol, luego de una licitación y a Aguas Rionegrinas (ARSA) encargada de controlar los trabajos que le demandó varios millones de pesos para el mejoramiento de la red cloacal en barrio Carod.
El joven de 22 años y falleció mientras realizaba un trabajo en una cámara a unos cuatro metros de profundidad, en la intersección de las calles Rumania y Córdoba.
El fiscal Marcelo Gómez, quien investiga la causa, promovió acción penal y solicitó medidas de prueba en el marco de la investigación por el fallecimiento del operario. Ahora la jueza de Instrucción N° 2 Sonia Martín deberá definir la fecha de la indagatoria.
Gómez afirmó que, en principio, se está investigando la conducta del encargado directo de la cuadrilla, pero que no se descarta que la investigación se extienda para determinar las posibles responsabilidades de otros actores que podrían estar involucrados.
La investigación comenzó en Catriel, a cargo de la fiscal adjunta Analía Díaz, quien luego de juntar las pruebas solicitadas las remitió a fiscalía. Tras analizar la pruebas el fiscal decidió imputar al capataz de la obra que luego de su recuperación se fue a Bahía Blanca, su ciudad de origen. Díaz no le tomó declaración ya que su imputación era una posibilidad. Aún no hay fecha para la indagatoria.
Dos de las víctimas de la intoxicación, quienes estaban trabajando en el lugar, denunciaron que el jefe de cuadrilla los había contratado de forma irregular. Néstor Sánchez (29 años) y Braian Huencahuel (25), le dijeron a Díaz que el capataz los había contrato “en negro”.
Esto fue confirmado por la fiscal adjunta Analía Díaz, quien les tomó la declaración. También se pidió la documentación sobre el contrato que firmaron la municipalidad y la empresa bahiense. (Diario Río Negro)