Obama se juega al cierre de Guantánamo
El presidente apeló a lo injustificable del gasto para forzar al Congreso, que desoyó su amenaza y aprobó la ley por amplia mayoría.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, amenazó con vetar la Ley de Defensa de este año, aprobada ayer por aplastante mayoría en el Congreso de su país. La normativa, que contó con 325 votos a favor y 98 en contra, determina el presupuesto del Pentágono e imposibilita el prometido cierre del penal, así como también los eventuales traslados de prisioneros a otras cárceles.
“Este tiene que ser el año en el que el Congreso elimine las restricciones que aún quedan y permita el cierre de la prisión de Guantánamo”, anunció el vocero presidencial Jay Carney, poco antes de conocer la derrota parlamentaria. El funcionario justificó la postura de la Casa Blanca por los cuantiosos gastos que genera el sostenimiento del cuestionado penal, donde a diario se registran torturas contra los detenidos. “Cerca de mil millones de dólares al año es un precio inaceptable a pagar por un centro que malgasta nuestros recursos, genera fricciones con nuestros aliados y debilita nuestra posición a nivel mundial”, argumentó Carney.
Pero sus intenciones chocaron de frente una y otra vez con las restricciones incluidas por los legisladores en las leyes presupuestarias de defensa, que prohíben, como la aprobada ayer, el traslado de los presos a centros en suelo estadounidense. El año pasado, el Congreso había aceptado relajar las restricciones y permitió la transferencia de detenidos a centros penitenciarios extranjeros bajo la custodia de otros países.
Tras 12 años de actividad, el penal de Guantánamo, pensado durante el gobierno de George W. Bush para interrogar y encarcelar a sospechosos de colaborar con la organización fundamentalista Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, aún mantiene a 155 presos, la mayoría de ellos con el visto bueno para ser transferidos.
El extensamente postergado cierre de Guantánamo, donde se denunciaron graves violaciones a los Derechos Humanos, fue una de las principales promesas de las dos campañas electorales de Obama. De hecho, en octubre del año pasado el mandatario designó a Paul Lewis, ex asesor del Comité de las Fuerzas Armadas en el Capitolio, como representante del gobierno estadounidense para clausurar el penal.
La Casa Blanca había instado a la Cámara de Representantes a aprobar una enmienda propuesta por el legislador Adam Smith, que ponía fin a las restricciones para los traslados y cortaba los fondos destinados al penal a partir del próximo año. “Urgimos a la Cámara a que adopte esta enmienda y acabe con el daño a la seguridad nacional que provoca mantener abierto Guantánamo en Cuba”, había dicho Carney.
Una enmienda similar a la presentada por Adam Smith ya había recibido en 2013 el rotundo rechazo de la Cámara de Representantes, con sólo el apoyo de dos republicanos en una votación que terminó 249 a 174. De este modo, las posibilidades de cerrar Guantánamo dependerán en gran parte de la suerte que corran los demócratas en las legislativas de noviembre, donde buscarán mantener el vital control del Senado para evitar un escenario en el que el Congreso esté completamente controlado por los republicanos.