El oficialismo buscará emitir dictamen para el pago a jubilados y blanqueo
EL PROYECTO DE LEY ÓMNIBUS QUE CONTEMPLA EL PAGO DE LAS SENTENCIAS POR ACTUALIZACIÓN DE HABERES A JUBILADOS, EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA EXIMICIÓN DE GANANCIAS, COMENZÓ A SER DEBATIDA AYER EN UN PLENARIO DE COMISIONES EN LA CÁMARA ALTA. EL ANÁLISIS CONTINUARÁ ESTE MIÉRCOLES, A PARTIR DE LAS 13.30.
La iniciativa comenzó a ser debatida este martes en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, Presupuesto y Hacienda, Co-participación Federal de Impuestos y Economía Nacional e Inversión.
El análisis continuará este miércoles, a partir de las 13.30, debido a que la intención del oficialismo es pasar a la firma el dictamen para que pueda ser debatido la semana próxima en el recinto, ya que el Ejecutivo pretende que sea convertido en Ley cuanto antes.
Funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron este martes en el plenario de comisiones la iniciativa durante una reunión que duró más de tres horas.
El primero en referirse a la cuestión fue el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, quien aseguró que el “objetivo de la Ley es la reparación histórica a jubilados y pensionados de la Argentina”.
En ese sentido, afirmó que la legislación alcanzará a 2,4 millones de beneficiarios, de los cuales sesenta mil ya tienen sentencia firme, 300 mil tienen acciones judiciales en proceso y más de dos millones no iniciaron acción judicial ninguna, pero les asiste el derecho.
Quintana aseveró que “se realizarán pagos adicionales a jubilados por más de 75 mil millones de pesos por año”, lo que implica “más del 1 por ciento del PBI”.
El secretario desglosó el proyecto de Ley en varios capítulos, empezando por el pago de la deuda con jubilados y enumeró la creación de la Pensión Universal de la Vejez, la creación del Consejo de Sustentabilidad Previsional, modificaciones al Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES, el reconocimiento a las provincias del 15 por ciento retenido por Coparticipación Federal y el “sinceramiento fiscal” o blanqueo de capitales.
Sobre el Fondo de Garantías, Quintana propuso utilizarlo “para honrar los pasivos adeudados” y aclaró que “no hay ninguna intención de salir raudamente a vender sus acciones de golpe porque un fondo bien administrado como este debe mantener una pluralidad de activos”.
Sobre el blanqueo, el funcionario reiteró que “para honrar las deudas” se contará con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad que “se necesita reforzar con lo aportado por el sinceramiento fiscal”.
Por su parte, el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso, dijo que la adhesión al pago de las deudas será “voluntaria” y que el plan propone hacer acuerdos con los jubilados para “cobrar los nuevos haberes y todo lo que se les debe hacia atrás”.
“Buscamos que se termine la historia del gran caudal de juicios de jubilados contra el Estado”, subrayó el funcionario.
Basavilbaso anunció que “los jubilados que tienen sentencia firme cobrarán el 50 por ciento cuando se firma el acuerdo con los jubilados y el otro cincuenta por ciento en cuotas trimestrales durante tres años, con su ajuste”.
En tanto, los que hicieron juicio y no tienen sentencia cobrarán la deuda hasta cuatro años hacia atrás; mientras que los que no lo hicieron comenzarán a recibir un ajuste mensual desde la fecha de promulgación de la Ley.
Por otro lado, Basavilbaso mencionó que, con estos ajustes, el haber mensual pasará de diez mil pesos a quince mil pesos para quienes tengan sentencia firme.
En tanto, para quienes hicieron juicio y no tienen sentencia pasarán de cobrar diez mil pesos a catorce mil; mientras que los que no tienen juicio pasarán de cobrar siete mil pesos a casi diez mil.
En otro aspecto, Basavilbaso reveló que el déficit de ANSES es de 60 mil millones de pesos anual y que el instituto “es deficitario desde hace tres años”.
No obstante, el funcionario indicó que la reparación para jubilados será abonado “primero con la recaudación del blanqueo” y “luego con el flujo del Fondo de Garantías que es de 70 mil millones de pesos por año, de un total que tiene el fondo de 800 mil millones de pesos”.
Por último, el titular de AFIP, Alberto Abad, enfatizó que la decisión del avanzar con el blanqueo está vinculada con lo ordenado por el G20 y la OCDE para combatir la evasión fiscal tributaria a nivel internacional.
“Según datos de AFIP, en la actualidad los argentinos declararon que tienen bienes en el exterior por 30.500 millones de dólares. Sin embargo, tanto fuentes privadas como bancos de inversión hablan de que habría en el exterior, sin declarar, más de 400 mil millones de dólares”, cuestionó.
El funcionario advirtió que a partir de 2017 se creará una “red de información internacional sobre grandes operaciones financieras que va a dejar pocos huecos para que eventuales actores económicos que quieran operar en la informalidad puedan hacerlo”.
Abad también advirtió que fueron excluidos del blanqueo los funcionarios públicos de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno, además de sus cónyuges, padres e hijos menores emancipados.
Finalmente, el director de AFIP mencionó, entre los bienes a blanquear, la tenencia de moneda nacional y extranjera, bienes muebles o inmuebles, acciones y participaciones, bienes de cambio y demás bienes como objetos de arte. (Agencia Télam)