Proponen que la tarifa social de luz y gas también contemple a entidades sin fines de lucro
La diputada provincia por el Frente para la Victoria, Marisol Merquel, presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley, con el propósito de crear un régimen de tarifa social en los servicios de luz y de gas para entidades públicas y privadas sin fines de lucro e incluir a entidades como los centros de jubilados, asilos de ancianos, hogares de niños, centros de día y de atención a personas con discapacidades.
La iniciativa plantea que las entidades beneficiarias de la tarifa social, que realicen actividades culturales, artísticas y sociales, abonen “hasta el 60 % del valor del kilovatio que fije el Ente Regulador para cada categoría de consumo”, como también “hasta el 60% del cargo fijo impositivo”.
“Este tipo de entidades cumplen un rol fundamental en la sociedad y resulta necesario que el Estado garantice el acceso a determinados servicios que son indispensables para el correcto funcionamiento y continuidad de las mismas”, enfatizó la legisladora autora de la iniciativa.
En ese marco, consideró que si bien es cierto que actualmente se anunciaron tarifas especiales para personas en situaciones de vulnerabilidad, “los establecimientos que realizan actividades culturales, artísticas y sociales no poseen ningún tipo de beneficio, y en muchos casos, el gasto que representa el pago de las nuevas tarifas pone en riesgo la continuidad de las actividades que desarrollan”.
Al respecto, aseguró que resulta “fundamental dar respuesta concreta a los usuarios que padecen los avatares de las nuevas políticas de ajuste y descarte”, motivo por el cual instó a “continuar trabajando por la inclusión y la justicia social en los lugares donde más se necesita”.
El escrito también establece que “para acceder a la tarifa social, los beneficiarios deberán acreditar su condición y solicitar la inclusión en el régimen ante la distribuidora del servicio de cada ciudad”, y luego de la presentación de los beneficiarios, “en un plazo de 48 horas las prestadoras de servicios deben remitir toda la documentación a la autoridad de aplicación que en un término de 30 días corridos deberá expedirse”. (ANDigital)
