Convocaran árbitros por la devolución del tarifazo de ABSA
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata dispuso que se convoque a “árbitros” o “amigables componedores” para que se encarguen de determinar la forma en que se devolverá a los usuarios el tarifazo aplicado en 2012 que fue rechazado por la Justicia.
Según trascendió en fuentes judiciales, el organismo dejó sin efecto la decisión del juez en primera instancia, Luis Federico Arias, de que la devolución del tarifazo se concretara a razón de un 15% en seis boletas consecutivas.
Arias había ordenado esa medida a pedido del ex diputado Oscar Negrelli, luego de que éste reclamara que se hiciera en un 25% y en tres boletas.
Como viene informando este diario, la Suprema Corte declaró nulo el decreto del ajuste de hasta el 180% en ese servicio, por considerar de que la Provincia no cumplió con la convocatoria a audiencia pública para analizar el incremento.
De esta forma, ordenó restituir a los usuarios el importe total cobrado desde mayo de 2012 y hasta diciembre de 2014.
Pero ABSA apeló la medida frente a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, que primero revocó la resolución con “efecto suspensivo” y ahora dispuso el llamado a “árbitros” para que resuelven los mecanismos de devolución del aumento cobrado indebidamente.
De esta manera, se dilatará la decisión judicial de la Corte y la restitución a los usuarios deberá hacerla el próximo gobierno provincial ya que, por caso, la resolución no establece plazos para la conformación del cuerpo de peritos.
Además de la devolución del 15% de la facturación a los usuarios durante seis meses, en la medida cautelar dictada por Arias se establecía el impedimento hacia la empresa para intimar a deudores, con el argumento de que se le estaba reclamando el pago de sumas que habían sido declaradas nulas.
El origen de esta larga controversia se inició en 2012 frente a la presentación de un amparo por parte del entonces diputado provincial Negrelli y la defensora del Pueblo platense María Monserrat Lapalma, con el argumento, entre otros, de que el pronunciado ajuste se había hecho sin cumplimentar con la realización de una audiencia pública para evaluar su impacto junto a los usuarios, una medida que, en cambio, sí se efectuó para el aumento de hasta el 40% que se implementó en enero pasado. (Diario El Día)
