Lesa humanidad: defensor pidió su absolución por no haber "certeza política"
Uno de los abogados defensores de tres de los 23 imputados por delitos de lesa humanidad reclamó hoy la inocencia de sus defendidos y rechazó las imputaciones, en el marco de los alegatos del juicio oral y público por la causa Stricker (“Armada”) en Bahía Blanca. Se trata del abogado Gerardo Ibáñez, quien patrocina a los capitanes retirados de navío y corbeta Enrique de León, Edmundo Oscar Nuñez y Luis Alberto Pablo Pons, respectivamente. Ibáñez expuso ante el Tribunal Oral Criminal Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y Martio Triputti.
“Poco tengo para decir en relación con los hechos que fueron motivo de ampliación en pleno juicio, relativo a delitos contra la integridad sexual”, dijo el letrado al agregar que “rechazamos estas imputaciones; con todo lo que he hecho respecto al señor Pons, Nuñez, De León, es inadmisible la imputación de estos delitos”.
El abogado defensor dijo también que “no tengo la menor duda de que hechos de estas características, con las pruebas que nos han traído la acusación en este debate, no hay ninguna chance (sic) que alguien pueda resultar condenado”.
Por último, el letrado solicitó la absolución de sus defendidos porque “no existe certeza política; pueden existir dudas, entiendo que es razonable, pero esa duda razonable no queda superada con las pruebas”.
En el expediente de este juicio hay 66 víctimas, de las cuales 12 son personas desaparecidas, cinco fueron personas asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos como el ya inexistente crucero “ARA 9 de Julio”, mellizo del “Belgrano”, la base de Infantería de Marina en el sector Baterías (ambos en jurisdicción de la Armada) y también en el predio y zonas aledañas al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca, en Villa Floresta.
Entre las víctimas están los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.
En el marco de los alegatos, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido prisión perpetua para los imputados Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Luis Ángel Bustos, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Castro, Enrique De León, Raúl Domínguez, Eduardo Fracassi, Guillermo González Chipon, Leandro Maloberti, Francisco Martinez Loydi, Néstor Nougués, Edmundo Núñez, Raúl Otero, Guillermo Pazos, Luis Pons, José Ripa y Carlos Stricker.
Por su parte, pidió 25 años de cárcel para Pedro Pila, 19 años para Alejandro Lawless, 18 años para Héctor Selaya y para Domingo Negrete y Víctor Fogelman 17 y 10 años de prisión, respectivamente. (Agencia Télam – FOTO: Gentileza Ecos Días)