Organismos locales de DDHH exigen a Lorenzetti que garantice causas de lesa humanidad
Organizaciones de Derechos Humanos de Bahía Blanca elevaron un pedido al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti por “mayor cantidad de personal y medios adecuados” para el juzgado federal de Bahía Blanca, que tiene a su cargo y con significativo retraso múltiples causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
El texto, firmado por los representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Hidalgo, y de la regional HIJOS, Alejandra Santucho, aseguran que existe “atraso, manipulación de las causas y borrado de archivos y registros”, entre otras irregularidades.
Además, denuncian “la escandalosa gestión del secretario Ulpiano Martínez como juez subrogante y del secretario Mario Fernández Moreno en Derechos Humanos del juzgado”, quienes precedieron en el cargo al actual juez subrogante, Alejo Ramos Padilla, quien llamó a indagatoria al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti.
Los organismos humanitarios resaltaron la labor de Ramos Padilla y de su secretario, Pablo Vassel, pero reclamaron la colaboración del presidente de la Corte para que “los resultados sean mucho más profundos para hacer Justicia”. El escrito recuerda que “hace pocos días la Comisión Interpoderes ha prometido públicamente la facilitación y apoyo a los juicios de lesa humanidad que el Gobierno Nacional lleva adelante como política de Estado desde 2005”.
“No solemos reclamar sin sentido como metodología, pero en este caso esperamos se tenga en cuenta nuestro pedido y así acompañar la gran labor actual del juzgado y nuestra búsqueda histórica de Justicia, desde la Memoria y la Verdad”, resume el escrito.
De acuerdo a la nota, en el juzgado federal local existe “atraso, faltas de justicia, falta de cumplimiento con la tarea, manipulación de las causas, negación o desaparición de la información sobre causas e imputados, indagatorias sin realizar, retrasos generalizados de todo sentido, escritos por agregar, borrado de archivos y registros, más de 60 imputados con indagatoria pendiente desde hace casi dos años, expedientes donde se investiga robo de niños, actuación de organismos para estatales con carácter previo al golpe de 1976, responsabilidad de funcionarios públicos, magistrados, empresarios y miembros de la Iglesia, muchos de ellos conocidos y de gran repercusión pública”. (Infocielo)
