El gobierno prorrogó un artículo que garantiza fondos a las provincias para financiamiento educativo
El gobierno prorrogó la vigencia de un artículo de la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo, que establece el envío de recursos coparticipables a las provincias, a través del Decreto 231/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
El documento oficial dispuso “la vigencia para el Ejercicio Fiscal 2024 del artículo 7° de la Ley N°26.075, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9° y 11º de la Ley de Educación Nacional N°26.206 y sus modificatorias, teniendo en mira los fines, objetivos y metas de la política educativa nacional y asegurando el reparto automático de los recursos a los ministerios de Educación u organismos equivalentes de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los Municipios, para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”.
La medida se da en el marco del conflictivo inicio del ciclo lectivo, con disputas del Poder Ejecutivo con los gremios y las provincias por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el recorte del presupuesto educativo y la demora para la convocatoria a la paritaria nacional, en la que aún no se alcanzó un acuerdo.
En los considerandos, el gobierno explicó que ante la prórroga del Presupuesto 2023 para el actual Ejercicio, “resulta necesario y urgente incorporar disposiciones complementarias a la prórroga, necesarias para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.
Al mismo tiempo, la norma recordó que el artículo 7° de la Ley de Financiamiento Educativo fijaba por el plazo de 5 años “una asignación específica de recursos coparticipables con la finalidad de garantizar condiciones equitativas y solidarias en el sistema educativo nacional y de coadyuvar a la disponibilidad de los recursos previstos en dicha ley en los presupuestos de las Provincias y de la CABA”.
Una vez que se venció dicho plazo, se dispusieron sucesivas prórrogas con el objetivo de asegurar el financiamiento del sector.
De acuerdo a lo que establece dicha ley, “el monto total anual de la afectación referida será equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”. (Diario El Día)
