Tres Arroyos: dos personas van a juicio por asociación ilícita, extorsión y amenazas
Hasta el 3 de marzo se desarrolla el juicio oral para analizar la conducta de Juan José y Mario Luis Rodríguez quien llegan a juicio imputados por los delitos de asociación ilícita, extorsión, coacción y amenazas en la localidad de Tres Arroyos.
Según la investigación realizada por la fiscalía Nº17, los hechos sucedieron desde principios de marzo de 2021 cuando Mario Luis Rodríguez fue designado como secretario de la entidad Transportistas Autoconvocados Unidos de la Provincia de Buenos Aires (ATCADE) junto a Juan José Rodríguez, Pablo Damián Vester y Juan Guillermo Menéndez (la situación de estos dos últimos fue resuelta mediante juicio abreviado), quienes junto a otras personas habrían conformado una asociación ilícita destinada a amenazar y extorsionar a varias empresas con el fin de beneficiarse personalmente y a la organización que conformaban.
De acuerdo a la acusación, el accionar de esas personas generó serios perjuicios para las empresas que resultaron víctimas, como por ejemplo, impidiendo que se realizara la entrega de materia prima se originó la paralización del proceso productivo, con ello pérdidas económicas, amenazas de la fuente de trabajo de las personas dependientes de ellas y de otras firmas vinculadas a esas empresas sumado a incumplimientos comerciales con otros sectores.
Juan José y Mario Luis Rodríguez llegaron a juicio imputados de los delitos de asociación ilícita, extorsión, coacción y amenazas.
En el marco de la misma causa, Pablo Damián Vester y Juan Guillermo Menéndez fueron absueltos en 2022 por entender que no estaba probada su participación en los hechos descriptos aunque la jueza Claudia Fortunatti, integrante del Tribunal en el Criminal N°2, entendió que existió una asociación ilícita.
Esa resolución fue apelada por la fiscalía ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos.
Además, Vester fue condenado por la tenencia de un arma de fuego de uso civil que fue encontrada dentro de su domicilio en el marco de un allanamiento que se realizó en esta causa, a la pena de 6 meses de prisión.
