Son cinco los proyectos del oficialismo que buscan poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Entre ellos, el Poder Ejecutivo incorporó la creación de una Procuraduría de Defensa de la Constitución, cuyo control estará bajo la órbita de la titular del Ministerio Público, Alejandra Gils Carbó.

El objetivo de la reforma es unificar en un solo funcionario el “control difuso” de constitucionalidad que existe actualmente, que habilita a cada fiscal particular a actuar según su criterio sobre la Carta Magna.

El texto del proyecto, publicó hoy el diario Clarín, establece que la nueva Procuraduría tendrá entre sus funciones “coordinar la actuación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en los casos que involucren cuestiones constitucionales relevantes para el organismo” y “realizar investigaciones sobre el estado de cumplimiento de las normas de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte y proponer la formulación de recomendaciones al Procurador General de la Nación”.

Además, podrá “unificar la doctrina constitucional del Ministerio Público Fiscal de la Nación, responder los pedidos de informes que les formule el Procurador General de la Nación” y “las demás funciones previstas en esta ley o en la reglamentación que se dicte al respecto”.

El kirchnerismo filtró en este ultimo punto una cuestion que excede a lo referido al CCPN, ya que la fiscalía tendrá prerrogativas para actuar en interpretaciones constitucionales que van más allá de la temática criminal.

Ahora bien, se aclara en el escrito que “se conservan las funciones que tienen las Fiscalías en la actualidad y dotándolas de herramientas que le permitan aumentar su capacidad de rendimiento y coordinación.

La iniciativa además le da un marco de legalidad a “todas las procuradurías que creó Gils Carbó en los últimos tres años“, mencionó un fiscal al matutino, como la Procelac (criminalidad economica), la Procuvin (violencia institucional) o Protex (trata de personas), entre otras.

El nuevo Código de Procedimiento Penal instituyó la sanción del sistema “acusatorio”, el cual delega el poder de investigación a los fiscales y se lo quitará a los jueces. Por ahora se sabe que la norma no regirá en el fuero federal, por donde pasan las causas de corrupción y donde el Gobierno ha tenido numerosas denuncias con alto impacto político en los últimos años.