Caso López: procesan a penitenciarios
El juez federal subrogante de La Plata Laureano Durán procesó a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por más de un centenar de irregularidades en los registros de visitas y acceso a teléfonos de detenidos por delitos de lesa humanidad que podrían estar vinculados con la desaparición de Jorge Julio López el 18 de septiembre de 2006.
El juez federal subrogante de La Plata Laureano Durán procesó a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por más de un centenar de irregularidades en los registros de visitas y acceso a teléfonos de detenidos por delitos de lesa humanidad que podrían estar vinculados con la desaparición de Jorge Julio López el 18 de septiembre de 2006. Se trata de los ex jefes de la Sección Visitas y Correspondencia del penal de Marcos Paz, Diego González y Rubén Medina; del ex jefe de la División de Seguridad Interna, Aníbal Cuenca; del ex director de Seguridad Héctor Altamirano; y de los directores del establecimiento, Diego Díaz y Carlos Grassini. Están acusados de haber obstaculizado la pesquisa por la desaparición de López en los días posteriores a que se produjera el hecho, informó Tiempo Argentino.
Una de las líneas de investigación sobre la desaparición de López estaba orientada al presunto accionar delictivo de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad. López fue un testigo clave para la sentencia que envió a cárcel perpetua al ex jefe de la Policía Bonaerense durante la dictadura, Miguel Etchecolatz. Durante una serie de allanamientos en la Unidad Penitenciaria Federal II de Marcos Paz, 127 inexactitudes fueron constatadas en los registros.
La causa fue impulsada en 2007 por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que denunció una supuesta “directiva ilegal dada por una autoridad de la cárcel de Marcos Paz para que se beneficiara a detenidos por crímenes de lesa humanidad con un trato privilegiado hacia ellos y sus visitantes, a la hora de las visitas, las llamadas telefónicas y en el nivel de control que se les dispensaba”.
Esa suerte de laxitud de controles pudo haber servido de vehículo para la presunta logística que posibilitó la desaparición de López. “Durante el allanamiento pudo establecerse que había números telefónicos intervenidos en la investigación del caso López que no se correspondían con los que efectivamente utilizaban los procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad”, informó el Ministerio Público Fiscal. “Resulta imposible determinar qué personas concurrieron a visitar a los detenidos y quiénes se encontraban autorizados en función de haber cumplido los trámites obligatorios de registración. Lejos de importar una falta inocua vinculada a vicios meramente administrativos, la conducta desarrollada por los imputados entrañó consecuencias que, en el contexto aquí expuesto, revisten suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López”.
Los procesamientos fueron dictados en relación con el Artículo 249 del Código Penal, que establece que “será reprimido con multa de 750 a 12 mil pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio“. Pero los fiscales federales Rodolfo Molina y Juan Martín Nogueira apelaron ante la Cámara Federal de La Plata reclamando la aplicación de otras figuras delictivas que contemplan penas de hasta cuatro años de cárcel.
