El crimen de Romero Miranda será investigado por la justicia federal
La jueza Marisa Promé decidió declarar la incompetencia y remitir la causa por el crimen de Juan Ramón Romero Miranda al Juzgado Federal Nº2.
El fiscal Jorge Viego, quien estaba a cargo de la investigación, sostuvo al respecto que concuerda con el planteo efectuado por el Juzgado Federal, que en relación a la infracción de la ley de drogas, la cantidad de sustancias estupefacientes que fueran secuestradas en el domicilio de la víctima, como así también otros elementos indiciarios como la abultada suma de dinero en efectivo, dan cuenta de la existencia de un delito en cabeza de Romero Miranda que versaría sobre materia de competencia federal, por lo tanto excede la venta en dosis fraccionadas para el consumidor (Ley 23. 737 que otorga ese tipo de competencia a la Justicia Provincial).
El fiscal sostuvo además que se debería declarar la incompetencia en la totalidad de la causa, incluido el homicidio investigado, porque posee una estrecha vinculación con el delito que pretende investigar el Fuero Federal en función de distintas circunstancias que fueron corroboradas en la investigación y que avalan esa vinculación.
En ese sentido, la jueza Promé decidió declarar la incompetencia y enviar la totalidad de la causa surgida a partir del homicidio de Romero Miranda a la Justicia Federal.
Juan Ramón Romero Miranda, de 50 años y apodado “El Mendocino”, fue encontrado asesinado a principios de septiembre, luego de que mediante un llamado al servicio de emergencias 911 la Policía fuera alertada sobre la existencia de una camioneta abandonada en cercanías de una obra en construcción ubicada en el cruce de las calles Balboa y Pilcaniyén.
Efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y encontraron una Toyota Hilux blanca sin ocupantes en su interior. Al momento de inspeccionar el vehículo, los policías advirtieron que las llaves estaban en el habitáculo y, al abrir la caja, hallaron una bolsa en cuyo interior había un cuerpo.
En noviembre de 2017, Romero Miranda había sido condenada a 4 años y 3 meses de prisión por facilitación y explotación económica de la prostitución de personas mayores de edad por el juez en lo Correccional José Luis Ares, quien la consideró culpable de regentear una casa de citas que funcionaba en el centro de Bahía Blanca.
