La Justicia define a situación procesal de Aguad y otros imputados por el caso del Correo
La justicia federal se encamina a definir la situación procesal del exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y los otros imputados indagados hace ya más de dos años en la causa en la que investiga posibles delitos cometidos en el trámite de quiebra del Correo Argentino SA, en la que está denunciado el expresidente Mauricio Macri.
El juez federal Ariel Lijo recibió, a mitad de la última semana, el último informe que esperaba antes de poder definir si procesa o no a los imputados y, según pudo reconstruir Télam, el documento le daría la razón a quienes sostienen que el Gobierno de Cambiemos intentó favorecer a la empresa postal del Grupo Macri.
Con el último informe en la mano el magistrado podrá ahora resolver si procesa o no a Aguad, a su exresponsable de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa; el titular del directorio de Correo Argentino SA, Jaime Cibils Robirosa, y al abogado de la firma postal Jaime Kleidermacher.
Se trata de un informe confeccionado por el contador público de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Pablo Varela al que el juzgado le formuló una serie de preguntas tendientes a que opinara sobre objeciones formuladas por las defensas al informe de la de la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) de la Corte Suprema.
Los abogados defensitas habían criticado el informe con el informe de la Dajudeco que ratificó el perjuicio al Estado Nacional que hubiera causado la homologación judicial de un acuerdo con la concursada, como el macrismo propuso en 2016, y que no se concretó porque se opuso y lo denunció la fiscal General ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin.
El último informe incorporado al expediente, el que lleva la firma del contador Varela, destaca el trabajo realizado por la Dajudeco y comparte los criterios generales utilizados por esa oficina, por lo que –según las fuentes consultadas por Télam- no les serviría a las defensas en su afán de desechar las sospechas que pesan sobre los acusados.
“El informe del contador de la UBA no pone números, ni califica la propuesta del Correo, simplemente analiza el trabajo realizado por la Dajudeco, lo pondera positivamente, resalta que se trata de un concurso fuera de cualquier parámetro por el tiempo que insumió y deja en manos de la justicia comercial la evaluación de la oferta en su momento cuestionada”, sostuvo una fuente inobjetable.
Cuando le tocó intervenir por segunda vez en el caso, la Dajudeco concluyó que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino SA implicaba “una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado” en primera instancia.
Esa definición fue parte de la respuesta elaborada por esa oficina que depende de la Corte Suprema a los cuestionamientos de las defensas de los imputados.
“El estudio económico y financiero aportado por la Dajudeco implicó considerar, en función de lo requerido por V.S., los términos reales de la propuesta formulada por Correo Argentino SA en función de la realidad económica y el concepto de variación del valor del dinero en el tiempo”, se indicó en aquel el informe al que accedió Télam.
Ese informe reivindicó, desde sus resultados, el papel de la fiscal Boquín, quien en 2016 se opuso a la homologación del acuerdo alcanzado entre la empresa de la familia Macri y el gobierno del propio Mauricio Macri tras considerar que se trataba de un acuerdo ruinoso para las arcas del Estado.
En los últimos meses, además el juez Lijo comenzó a investigar la posible injerencia del expresidente Macri en el frustrado acuerdo de su gobierno con el Correo Argentino SA, lo que habría significado un clarísimo caso de conflicto de intereses dado que se trataba de una empresa de su familia.
Entre otras medidas, el magistrado certificó un programa emitido por el canal C5N donde se presentó un informe sobre visitas de distintas personas vinculadas con el Correo Argentino SA –como Cibils Robirosa- a la Casa Rosada y reuniones mantenidas entre estos y funcionarios del Gobierno de Macri.
En los tribunales federales de Comodoro Py descartan que si el juez Lijo procesa a Aguad, la investigación escalará hacia la eventual responsabilidad de Macri, basada en una sola pregunta: ¿por qué un funcionario de Cambiemos habría querido ayudar a una empresa del grupo empresario de la familia del presidente.