El informe final de la misión argentina en Colombia cuestiona severamente al Estado
El Estado colombiano consideró “como enemigo interior a su población civil indefensa y descargó sobre ella una violencia represiva propia de una confrontación bélica” durante los casi dos meses de protestas callejeras que se dieron durante el paro nacional, de abril a junio, porque la fuerza pública “incumplió con los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos”.
El concepto forma parte de las conclusiones del informe final de la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de Derechos Humanos que integraron representantes de varias organizaciones argentinas, documento que se presentó este martes en una conferencia de prensa en la Ciudad de Buenos Aires.
En la sede de ATE participaron de la conferencia el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres-Línea Fundadora; legisladores del Frente de Todos (FDT) y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), entre otros.
Marianela Navarro del Frente de Organizaciones en Lucha, Ismael Jalil de Correpi, Laura Velasco legisladora Fdel FDT, Martín Ferrari del Frente Popular Darío Santillán y Alicia Montoya de la Federación de Cartoneros fueron algunos de la misión encargados de presentar los principales aspectos del informe.
El texto consideró que el Estado colombiano “debe ser investigado por las desapariciones, homicidios, torturas, tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas degradantes e inhumanas” cometidas centralmente por la Policía, pero también por “fuerzas no regulares que actuaron bajo su consentimiento”.
Advirtió, además, que las fuerzas de seguridad de ese país usaron “armamento sofisticado y letal en violación de los protocolos y normativa internacionales vigentes” y cuestionó que el Estado “impidió, limitó y condicionó deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”.
Las organizaciones argentinas le reclamaron a Colombia que cumpla los acuerdos de paz firmados en 2016 con las exFARC, y exigieron que cese la “sistemática persecución, desaparición y asesinato de los/as firmantes de esos acuerdos y de líderes y lideresas de las distintas organizaciones sociales y políticas que expresan la genuina representatividad” del pueblo.
El documento es fruto de un trabajo de campo que hicieron durante cinco días dirigentes de organizaciones sociales, sindicales y políticas, que visitaron Colombia a fines de mayo.
“En el recorrido y verificación realizada por la misión, hemos advertido en Colombia la vigencia del paradigma de la seguridad como técnica de Gobierno en la región. La lógica del enemigo interior instala fuertemente la idea de una jerarquización del derecho a la vida. Es la lógica que define quiénes tienen derecho a ella y quiénes no”, reportó la misión.
Para las organizaciones argentinas, “el diseño de políticas económicas y sociales que avalan ese concepto aumentan y agravan la desigualdad social y derivan finalmente en una revictimización de sus destinatarios/as a través de la respuesta represiva para contener su previsible protesta”.
El documento reclamó que se desmantele el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), como lo piden los manifestantes hace meses, y, “en ese proceso, es fundamental escuchar y atender las propuestas de las distintas plataformas de derechos humanos de la sociedad civil, como un primer paso hacia un objetivo auténticamente pacificador”.
El texto destacó, además, que “bajo la excusa de una presunta `guerra al narco`”, en Colombia existen siete bases de Estados Unidos y alertó que “el proceso de degradación democrática y violencia represiva desplegada contra el pueblo colombiano tiene en este despliegue norteamericano un factor preponderante y crucial”.
Llamó la atención, asimismo, sobre la paradoja de que el país cuenta “con una de las Constituciones más avanzadas de América Latina”, pese lo cual “su incidencia en garantizar un estado de derecho que brinde garantías básicas a la población es prácticamente nula”.
Tras detallar con cifras el empeoramiento de las condiciones de pobreza de vastos sectores, el informe destacó que el paro nacional que se extendió del 28 de abril al 15 de junio, “por su masividad, extensión territorial y continuidad, expresó el hartazgo de la población frente a un sistema que ha profundizado las desigualdades y la exclusión social”.
Integraron la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).