Causa Correo: tras la quiebra, avanza la investigación por delitos penales
El fallo que decretó la quiebra del Correo Argentino SA, de la familia Macri, podrá ser apelado ante la Cámara Comercial, pese a lo cual seguirá en marcha, al igual que la investigación para determinar si la firma postal estuvo involucrada en supuestas maniobras de lavado de activos.
La futura apelación a la decisión de la jueza en lo comercial Marta Cirulli que decretó la quiebra no suspende el proceso, mientras que esta semana la magistrada también rechazó suspender las medidas ordenadas a detectar irregularidades en el intento de salvataje.
La jueza desestimó un planteo del Correo de los Macri que buscaba frenar medidas orientadas a establecer si hubo irregularidades o ilícitos para evitar la declaración de quiebra.
Por estas maniobras, la fiscal de la causa, Gabriela Boquín, alertó sobre el papel que pudo haber jugado el banco austríaco Meinl Bank, investigado en Europa precisamente por supuesto lavado de dinero.
La investigación se orienta a determinar si el Grupo Macri recurrió a ese banco para la compra de la deuda que el Correo mantiene con dos entidades financieras internacionales, de modo de poder colocar en lugar de esas entidades a un “acreedor amigo”, controlado por el propio Correo, que le asegurara la aceptación de cualquier oferta de cancelación de deudas.
Boquín había solicitado el envío de exhortos diplomáticos a la justicia de Austria, a su Procuración General y al Banco Central europeo para pedir “antecedentes” del retiro de licencia del banco investigado, “Meinl Bank”, en relación a un presunto lavado de activos.
Además, requirió una auditoría sobre los movimientos en torno a las “acreencias” del Correo y que la Unidad de Información Financiera investigue “posibles maniobras de lavado de dinero”, medidas que había intentado frenar la empresa de los Macri.
Al firmar la quiebra, Cirulli ya ofició al Boletín Oficial para que, por cinco días, se publique la declaración de quiebra de “Correo Argentino S.A. CUIT 30-69229637-7” con identificación de los síndicos general, verificadores y controlantes.
Ahora el síndico designado para trabajar en la quiebra iniciará el proceso de “desapoderamiento” de bienes que implica la confección primero de un inventario y un rastreo para determinar si hay bienes a nombre de terceros.
Con la quiebra también deberá realizarse un recálculo de créditos, entre otras tareas, según explicaron a Télam fuentes del caso.
De manera paralela, en el juzgado federal de Ariel Lijo se ordenaron nuevas medidas de prueba en la causa penal que investiga si en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado nacional aceptó un acuerdo abusivo para que el Correo salde su deuda, que no se concretó tras ser impugnado por la fiscal Boquín.
En esta causa se pidió un segundo informe a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (Dajudeco) para “despejar dudas” de imputados en la causa en relación a un primer reporte contable que arrojó que la firma del acuerdo era perjudicial para el Estado.
Además, se designó un perito contador de la UBA para revisar una pericia técnico contable incorporada al expediente, explicaron fuentes del caso.
Lijo certificó en estos días un programa emitido por el canal C5N donde se presentó un informe sobre visitas de distintas personas vinculadas con el Correo Argentino S.A. a la Casa Rosada y reuniones con funcionarios del gobierno de Macri.
Entre ellas estuvo la del presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa; y un hijo de Macri que era en ese entonces accionista.
En la causa están imputados y ya fueron indagados el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; su entonces director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa; y el extitular del Correo, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado, Jaime Kleidermacher.
