La justicia determinará si la denuncia mediática de Bullrich afectó la negociación con Pfizer
La justicia deberá determinar si la denuncia mediática de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, podría afectar el proceso de negociación del Gobierno con el laboratorio Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus o dañar la confianza de la población en la gestión sanitaria de la pandemia, cuando afirmó que las autoridades nacionales pidieron el pago de un “retorno” a la compañía farmacéutica estadounidense.
Bullrich tendrá que dar explicaciones en tres instancias: ante el Juzgado Federal 1 de María Servini, donde esta semana quedó radicada una denuncia del Ministerio de Salud, y en el fuero civil, tanto a partir de una carta documento que le envió el exministro Ginés González García como en una demanda por difamación y delitos contra el honor que presentará el lunes próximo el presidente Alberto Fernández.
Los planteos judiciales tuvieron su origen en una entrevista realizada el domingo 23 de mayo en el programa televisivo La Cornisa, en la que Bullrich aseguró que las dificultades para adquirir vacunas estadounidenses obedecían a una supuesta pretensión de Ginés González García de “intentar tener un retorno”.
Esas afirmaciones fueron desacreditadas por Pfizer poco después, a través de un comunicado, en el que remarcó que no recibió “peticiones de pagos indebidos en ningún momento”.
Para el Ejecutivo, la gravedad institucional que implica sembrar sospechas en las ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia, fue uno de los motivos centrales para demandar judicialmente a la presidenta del partido fundado por Mauricio Macri.
“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro Gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”, escribió el lunes pasado el Presidente en la red social Twitter, una vez conocida la desmentida pública de Pfizer, y advirtió: “La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad”.
Además, al anunciar que iniciaría acciones legales, el jefe de Estado remarcó: “Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no sólo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”.
En tanto, en la denuncia judicial presentada el jueves, la cartera a cargo de Carla Vizzotti solicitó que se investigue si la presidenta del PRO cometió un delito al aludir a “conductas que podrían ser penalmente reprochables por parte del exministro de Salud” González García.
Las autoridades sanitarias nacionales entendieron que las expresiones de Bullrich podrían “atentar contra la confianza de la población” e “impactar” incluso en las “negociaciones en curso” con Pfizer, en el marco de la emergencia.
Ubicada en el ala más dura de la alianza Juntos por el Cambio (JxC), las afirmaciones de Bullrich parecen encuadrarse en su histórica posición crítica a la gestión pública de la pandemia y en su militancia a favor del rechazo a las medidas sanitarias.
El asesor letrado del Presidente, Gregorio Dalbón, adelantó que Fernández iniciará el lunes un proceso civil contra Bullrich por “difamación y delitos contra el honor” y dijo que no habrá posibilidad de “mediaciones o acuerdos posteriores” entre las partes.
Argumentó que, para el Presidente, los dichos de la exlegisladora son de una “gravedad institucional elevadísima”.
“En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados”, planteó esta semana el Presidente.
Y, remarcó que “la convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”.
Dalbón, en tanto, estimó que el juicio “lo que va a generar luego son daños y perjuicios, se deberá publicar la condena en el lugar donde se cometió el hecho, y tendrá que haber una reparación económica, que será donada al Instituto Malbrán, por indicación del Presidente”.
