Bolsonaro usó al ejército para repartir remedios no recomendados por expertos para Covid
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ironizó sobre su supuesto terraplanismo y negacionismo al fustigar la investigación de la comisión del Senado sobre la pandemia, un proceso en el que ha sido impactado el Ejército, utilizado para distribuir en todo el país supuestos remedios, no recomendados por expertos y hasta contraindicados en algunos casos, como prevención de la Covid-19.
Tras varios testimonios muy dañinos para el Gobierno, el vicepresidente de la comisión parlamentaria de investigación (CPI), Randolfe Rodrigues, presentó un pedido para citar a Bolsonaro a declarar, aunque depende del improbable apoyo de la mayoría ya que este tipo de procesos no incluyen citar al jefe del Estado y sí a sus colaboradores.
Pero esto no evitó que Bolsonaro desnudara su irritación con la CPI. Aseguró que en 2019 asumió un país que era como un “transatlántico que está a punto de caer” pero bromeó al afirmar que esa figura de lenguaje eso no significaba que era un terraplanista.
“No soy negacionista ni terraplanista”, afirmó el mandatario ante seguidores en la puerta de la residencia presidencial.
La comisión parlamentaria no votó sobre la convocatoria a Bolsonaro pero llamó a 10 gobernadores, de casi todos los partidos, para analizar la narrativa gubernamental que indica que el Estado federal cumplió en entregar equipamiento y dinero para hospitales y que si hubo algún desvío la culpa fue de los estados y municipios.
Con más de 450.000 muertos, el Gobierno ha sido golpeado por estas últimas tres semanas de funcionamiento de la comisión investigadora.
Por allí desfilaron ministros, funcionarios y exministros, y quedó claro que el Gobierno apostó por usar el remedio contra la malaria cloroquina como una forma ilusoria de prevención, en vez de concentrarse en robustecer la compra y el desarrollo de vacunas, las camas de terapia intensiva y el suministro de oxígeno medicinal.
Uno de los testimonios claves en esta investigación es el general Eduardo Pazuello, ministro de Salud de mayo de 2020 a marzo pasado. El militar-exfuncionario fue convocado nuevamente a declarar luego de haber mentido abiertamente ante la comisión, al decir que nunca recibió órdenes de Bolsonaro para distribuir cloroquina por el país como un remedio salvador.
El objetivo de la comisión investigadora es determinar si el Gobierno cometió un delito al recomendar el uso de cloroquina a los médicos para pacientes de Covid-19 como si fuera un tratamiento precoz, pese a que es usado contra la malaria.
La secretaria de Gestión del Ministerio de Salud, Mayra Pinheiro, conocida como ‘capitana cloroquina’ y famosa por haber sido líder de los movimientos contra la presencia de médicos cubanos en Brasil, declaró ante la comisión el martes pasado que el Ministerio “orienta” y no “recomienda” la cloroquina, dejando a cada médico la potestad para dársela a los pacientes.
Sin embargo, Bolsonaro defiende públicamente desde el inicio de la pandemia el uso de cloroquina e incluso dijo que la tomó cuando tuvo Covid-19, pese a que ningún organismo médico garantiza que no tenga efectos colaterales.
Pero la defensa del uso de la cloroquina no fue solo declarativa.
El Ejército informó oficialmente a la comisión que por orden del Ministerio de Salud distribuyó en 2020 11 veces más cantidad de cloroquina que en 2018 y 2019.
El laboratorio que produce el remedio contra la malaria aseguró, además, que recibió una indicación de Salud que decía que la cloroquina “es una terapia que ayuda a las formas graves de Covid-19”.
En total se entregaron 2,9 millones de comprimidos como una acción contra la pandemia.
Este dato es clave porque la comisión, según dijo el senador Rodrigues, pretende determinar si el Gobierno de Bolsonaro usó la cloroquina como un método preventivo para evitar cumplir las cuarentenas y restricciones que impulsaban varios gobernadores y alcaldes para frenar los contagios en plenos picos.
Según Rodrigues, se busca determinar si el Gobierno quiso generar una ilusoria y nunca comprobada inmunidad de rebaño.
La noticia se conoce en medio del debate interno en el Ejército provocado por la presencia del general Pazuello, aún en actividad, en un acto al lado de Bolsonaro el domingo en Río de Janeiro, luego de participar de una caravana de miles de motocicletas.
La Constitución de 1988 impide a los generales en actividad participar de actos políticos, si bien al menos 6.000 militares ocupan cargos en toda la administración federal, la que más verde oliva tiene desde la redemocratización del país en 1985.
Pazuello puede ser sancionado en caso de que se dé de baja, pero por el momento se ha convertido en un héroe momentáneo del bolsonarismo, que mira como la popularidad del mandatario cayó al 26% y según las encuestas el ultraderechista perdería en 2022 contra Luiz Inácio Lula da Silva en las próximas presidenciales.
“Si no les gusta pueden votar a Lula en 2022”, dijo Bolsonaro ayer ante sus seguidores, cuando una militante se quejó por las cuarentenas en los estados por la tercera ola de contagios que se acerca y la situación económica.
