Dilma no será investigada por el escándalo Petrobras
Había sido mencionada por funcionarios detenidos de la empresa pero por su función previa como ministra de Energía de Lula. Pero eso fue desestimado. Y no figura en la nómina de involucrados.
Ayer por la mañana, los medios periodísticos brasileños repercutieron por unas horas la mención de la presidenta Dilma Rousseff en el proceso por corrupción en Petrobras, que involucra a partidos, parlamentarios y empresas. La versión afirmaba que la jefa de Estado figuraba en la lista de 54 personas que deberán ser investigadas, elaborada por el procurador Rodrigo Janot. La información añadía que el senador y ex candidato presidencial Aécio Neves se encontraría en la misma situación que la jefa de Estado. Y que el fiscal general había recomendado archivar estos dos casos.
Por la tarde, la información fue enmendada: el nombre de la presidenta brasileña nunca figuró en la lista del medio centenar de supuestos culpables. ¿Sin embargo de dónde salían esas referencias? La mención de Rousseff había sido realizada por los cambistas y ex directores de la estatal Petrobras que están en prisión. Y correspondían a la etapa en que ella se desempeñó como ministra de Minas y Energía, en el primero gobierno del ex presidente Lula da Silva. En el caso de Aécio Neves, las declaraciones de los reos que se acogieron a la “delación premiada” –es decir con menos penalidad a cambio de la confesión–, son más concretas: afirmaron que el senador había recibido dinero ilegal de la empresa estatal Furnas Centrales Eléctricas cuando era diputado federal, hace ya una década. Y estos hechos, no guardarían relación con Petrobras.
La lista de involucrados, que incluye a parlamentarios, empresarios y gobernadores, un escándalo que ha hecho estremecer a Brasil, está en manos de la Corte Suprema hacia donde la direccionó el procurador Janot el martes último.
En ella, por lo que se sabe, están dos importantísimas figuras públicas: el presidente del Senado, Renán Calheiros y el titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Ambos negaron cualquier relación con la mafia de ex directores de la compañía que operaba una caja de millones de dólares para financiar campañas de parlamentarios y, sin duda, para consumo propio. Ambos legisladores pertenecen al PMDB, el mayor partido brasileño, aliado del PT y que integra, también, el vicepresidente del país.
El mecanismo, que causó un verdadero estrago en la petrolera estatal, consistía en acordar con las empresas proveedoras de obras e insumos una sobrefacturación de bienes y servicios prestados, a cambio de garantizarles el éxito en las licitaciones. El “club de constructoras privadas” que entraron en esa variante está integrado por los mayores grupos empresariales de Brasil.
La operación, también conocida como ‘Lava Jato’, comprende el desvío de entre 10.000 y 20.000 millones de reales (3.000 y 5.000 millones de dólares) de la empresa mediano esas adjudicaciones de obras públicas. Los empresarios y los políticos implicados recibían importantes sobornos.
Además de los dos prominentes jefes del Congreso, la nómina incluye a 45 legisladores nacionales de varios partidos y cubriría todo el arco ideológico: pertenecerían al oficialismo como también a la oposición. Esos congresistas habrían incurrido en los delitos de corrupción y de lavado de dinero. Los documentos elaborados por la Procuración están ahora en manos del juez de la Corte Teori Zavascki, quién deberá sintetizar las investigaciones realizadas en Curitiba por el Ministerio Público que pasó por las manos del juez del estado de Paraná, Sergio Moro.
La prensa brasileña especulaba ayer con la posibilidad de que el análisis del tribunal supremo concluya este fin de semana. En teoría, el lunes próximo podría divulgarse el “catálogo” de políticos que supuestamente serían culpables de la corrupción que durante años corroyó la mayor petrolera de América Latina y una de las top del mundo.
Entre tanto, el Congreso brasileño protagonizaba un nuevo show: una Comisión Parlamentaria que deberá investigar el caso de Petrobras inició ayer sus deliberaciones con peleas entre sus miembros.
Esta Comisión legislativa fue montada en forma reciente debido al escándalo y, oh casualidad, está presidida por un joven político puesto allí a instancias de Cunha, el presidente de la Cámara Baja que se habría “beneficiado” del mecanismo de coimas imperante en la petrolera. Ayer, los legisladores de esa comisión decidieron convocar a la ex presidenta de Petrobras, Graca Foster; al también ex presidente José Sergio Gabrielli; al ex director Paulo Roberto Costa (en prisión domiciliaria) y al cambista Alberto Youssef.
El escándalo se profundizó en momentos que Rousseff inició este enero su segundo mandato en condiciones muy difíciles por el nulo crecimiento de la economía. Las turbulencia provocan fuerte cambios en el mercado cambiario. El gobierno varió su línea anterior de centroizquierda y se puso en manos de un estricto equipo de economistas ortodoxos dispuestos a una fuerte austeridad y reducción del gasto público.
Fuente: Clarín.