El Consejo de la Magistratura calienta motores de cara a la elección de sus autoridades
El Consejo de la Magistratura entró esta semana en zona de aceleración de las negociaciones de cara a la elección de autoridades para el 2021 que se concretaría en un plenario a desarrollarse el próximo 18 de febrero, según informaron fuentes de ese cuerpo.
El principal candidato a ocupar la presidencia del órgano encargado de la designación y la remoción de los jueces es el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, el consejero Diego Molea, impulsado por el oficialismo que también quiere que la vicepresidencia quede para el juez Alberto Lugones.
La oposición, por su parte, quiere quedarse con la presidencia de al menos dos de las tres comisiones calificadas como “importantes” que son Administración, Selección y Disciplina y Acusación, según pudo reconstruir Télam a través de fuentes que participan de las negociaciones.
Tanto desde el oficialismo como desde la oposición indicaron que la Comisión de Selección quedaría para la diputada nacional Graciela Camaño, quien tiene buen diálogo con ambos sectores: el año pasado votó casi siempre en línea con el gobierno, pero no pertenece definitivamente a ninguno de los dos espacios.
El nudo de la cuestión pasa por las comisiones de Administración y Disciplina: la primera podría quedar en manos del abogado porteño Diego Marías al que la oposición cuenta como “propio”, mientras que ese sector pretende colocar al frente de la comisión de Disciplina y Acusación a uno de sus legisladores (la senadora Silvina Giacoppo o el diputado Pablo Tonelli), aunque el oficialismo no estaría dispuesto a cederle ese espacio.
Un tercer sector arrima sus propios intereses a esa puja y es el de los jueces que, si bien están divididos en términos políticos y no siempre votan juntos, pretenden quedarse con la comisión de Acusación y Disciplina, una de las más sensibles a la que se adivina que concurrirá seguido la política en el año electoral.
“Si no nos dan las comisiones de Administración y Acusación y Disciplina tendrán que votar solos”, sostuvo una fuente de la oposición política en relación a las negociaciones en curso, a lo que negociadores del oficialismo rechazaron por ahora esa posibilidad y sostuvieron que no tendrían problema en designar autoridades con la mayoría simple que saben que pueden alcanzar.
Fuentes del Consejo consultadas por esta agencia resaltaron que la oposición primero insistió con quedarse con la vicepresidencia del Consejo (algo que a esta altura parece casi imposible) y que, al ver que ese reclamo no prosperaría, activaron el de exigir la conducción de la Comisión de Disciplina.
El Consejo está integrado por 13 miembros, de acuerdo con la siguiente composición: 3 jueces, seis legisladores (tres senadores y tres diputados, dos de cada cámara por la mayoría y uno a la primera minoría), 2 representantes de los abogados, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.
El sector opositor está subdivido en tres grupos de dos integrantes cada uno: la oposición política (Giacoppo y Tonelli), los jueces (Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo) y los abogados (Marías y Carlos Materson).
Quienes mejor conocen los pasillos del Consejo ubican a Tonelli y Giacoppo como los intransigentes, aseguran que los jueces están dispuestos a negociar y votar distinto a lo que decida la oposición política y ubican al abogado Marías como un hombre cercano al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta -dispuesto a negociar- y a Materson como un aliado del expresidente de Boca, Daniel Angelici.
Desde el oficialismo sacan cuentas y aseguran que tienen los votos para designar colocar a Molea al frente del Consejo: lo lograrían con los propios (los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, la diputada Vanesa Siley, el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz y los aliados Lugones (el presidente saliente) y la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal).
La agenda del Consejo de la Magistratura de este año comenzó con la definición de los participantes del concurso convocado para ocupar las vacantes de la Cámara Federal porteña en las que provisoriamente se desempeñan los jueces de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados allí por el Gobierno de Mauricio Macri pero que no cuentan con acuerdo del Senado.
Al concurso, definido en los tribunales de Comodoro Py como un concurso de “pesos pesados”, se anotaron más de 100 candidatos, entre los que están los jueces federales Sebastián Casanello, Julián Ercolini, Marcelo Martínez de Giorgi y Sebastián Ramos.
En tanto, Bertuzzi se anotó para quedarse en el cargo que actualmente desempeña y Bruglia desistió de la posibilidad de hacerlo.
