El Gobierno porteño volvió a rechazar el diálogo por la transferencia de fondos de seguridad
El Gobierno de la Ciudad volvió a rechazar este lunes la convocatoria de la Casa Rosada para tratar la transferencia de fondos a la Ciudad en materia de seguridad y su financiamiento, mientras desde Ejecutivo nacional ratificaron la vigencia del plazo de 60 días que establece la ley para acordar el monto.
En la mañana del lunes, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, ratificó que la administración conducida por Horacio Rodríguez Larreta no asistiría a la reunión que había sido convocada para esta tarde por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por su par de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, postura que ya había sido formalizada por la Ciudad a través de una nota oficial dirigida a los funcionarios nacionales.
“Nosotros por este tema hicimos un pedido de inconstitucionalidad a la Corte Suprema y tenemos que ser coherentes. No podemos sentarnos a discutir donde el resultado ya está puesto, porque la ley ya está sancionada. Es como ir a ver un partido de fútbol que ya terminó”, indicó Santilli, al hablar por A24.
La convocatoria del Gobierno nacional era para analizar la transferencia del servicio de seguridad y su financiamiento de acuerdo con la ley aprobada por el Congreso recientemente, norma que establecía un margen de 60 días para entablar una mesa de negociación.
Desde el Gobierno nacional, afirmaron a Télam que “no habrá nuevas convocatorias oficiales” tras el rechazo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ratificaron el plazo de 60 días que establece la ley para acordar el monto y la actualización de los recursos que recibirá la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal.
“Si no quieren dialogar, quedará la ley tal como está, sin modificaciones”, enfatizaron desde Casa Rosada, en sintonía con lo que precisa la norma.
Desde el bloque porteño del Frente de Todos señalaron que la ley “establece los fondos que corresponden, ni más ni menos”, expresó a Télam la legisladora Mara Brawer, quien además aseguró que la administración de Rodríguez Larreta “no solo quiere sostener el privilegio que les dio (Mauricio) Macri de mandarles más del doble de lo que corresponde, sino que buscan victimizarse”.
“Toda esa estrategia se cae cuando hay una ley, hay una mesa de negociación e, incluso, la misma ley dispone que si no hay un acuerdo, existe un organismo (la Comisión Federal de Impuestos) que es la que debe arbitrar y determinar el monto final a transferir”, explicó Brawer.
Desde el mismo bloque, la legisladora Claudia Neira indicó que lo que demuestra la “ausencia de diálogo” por parte del Ejecutivo porteño es “una voluntad política de convertir en un conflicto político algo que tiene que tener una solución constitucional”.
Tras haber firmado un decreto que redujo la coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno llevó el tema al Parlamento para convertir en ley la nueva asignación de partidas y dejar atrás la distribución de recursos decretada durante el mandato del expresidente Mauricio Macri.
El decreto 194 de enero de 2016 dispuso modificar el índice de coparticipación de la Ciudad, que desde 2003 estaba fijado (decreto 705 de ese año) en 1,4%.
La nueva distribución dispuesta por Macri y su ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, fue elevar el índice a 3,75%, es decir más de dos puntos, y retroactivo al primero de enero de ese año.
Tras la sanción de la nueva ley, el 10 de diciembre pasado, el Gobierno porteño realizó una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir que declare la “inconstitucionalidad” de la norma sancionada en el Congreso que reasigna partidas presupuestarias en materia de seguridad para la Ciudad de Buenos Aires.
Ahora, y tras ser reglamentada la norma, las autoridades porteñas habían sido convocadas a una reunión preliminar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en Casa de Gobierno, para esta misma tarde.
En dicha invitación, los funcionarios nacionales destacaban que la norma había sido sancionada luego de una “amplia deliberación” y que no había “mayor estándar de legalidad e institucionalidad” que una convocatoria respaldada por una ley sancionada por el Congreso.
“Sin perjuicio de desconocer por falaces los argumentos vertidos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la misiva de referencia, quienes suscriben en representación de los Ministerios de Economía y del Interior de la Nación ratifican la voluntad del Gobierno nacional de trabajar en conjunto con todas las provincias del país y la Ciudad de Buenos Aires sobre la base del diálogo y la responsabilidad. Por ello, reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones, y convocamos nuevamente al Jefe de Gobierno a una reunión preliminar”, cerraba la nota en sus últimos párrafos.
Al pedido oficial firmado por el ministro del Interior, se sumó también el presidente, Alberto Fernández, quien insistió ayer que Rodríguez Larreta debería “ser más generoso, porque el resto de las provincias no reclama que devuelva todo lo que le traspasó Nación en estos años”, desde 2016.
En una entrevista con AM750, el jefe del Estado juzgó además que las autoridades porteñas deben “simplemente aceptar un borrón y cuenta nueva, para poner las cosas en orden de aquí, en adelante” y agregó: “Yo voy a hablar con Horacio para insistirle que se arreglen cosas como se deben”.
Pero pese al pedido presidencial, Santilli confirmó hoy que las autoridades porteñas no concurrirán a esta reunión pautada para esta tarde, aunque aclaró que “eso no quita que en los temas cotidianos no nos volvamos a sentar”.
“En este tema, la Ciudad viene perdiendo 150 millones de pesos diarios desde que se sancionó el decreto y este año perderá 65 mil millones de pesos”, argumentó.
