Cannabis polémica: es ley, pero en Uruguay todavía se debate
A un año de la legalización de la producción de marihuana, todavía hay dudas sobre la aplicación de esta norma; el 66% la rechaza; auge en la cosecha individual y colectiva.
A poco más de un año de aquel punto de inflexión que produjo la legalización de la producción, distribución y venta regulada de cannabis, Uruguay protagoniza un experimento regional.
La polémica ley uruguaya trajo aparejadas postales repetidas del consumo desinhibido de THC en la vía pública, desafiando incluso a las fuerzas de seguridad todavía desconcertadas frente a esas prácticas, y hasta la formación de clubes cannábicos de membresía cerrada, regidos como organizaciones civiles y ceñidos a un máximo de 45 socios.
Mientras el Estado discute cuáles serán las empresas nacionales o extranjeras en las que recaerá la producción de cannabis a gran escala en antiguos predios del ejército, el comienzo incierto de esa actividad -entre otras cuestiones por temas de costos- ha reorientado a los consumidores hacia esos clubes con producción propia autosustentable y asegurada. Se trata de inversiones cuantiosas, que oscilan entre los US$ 20.000 y 30.000, según una investigación de LA NACION, destinadas íntegramente a infraestructura, insumos y sistemas de seguridad para el cultivo, acopio y distribución de esas plantas psicoactivas.
Según estimaciones de la Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay (Aecu), en el último año se formaron unos 500 clubes (no todos operativos) y se cuadruplicó el número de autocultivadores de marihuana: pasó de unos 10.000 cultivadores domésticos, que antes ensayaban con las técnicas de prueba y error e intercambiaban semillas en las sombras, a más de 40.000. Esa oleada ha convertido a los protocolos del cannabis en un know how altamente profesionalizado, y a la marihuana legal, en un negocio por demás prolífico.
La mercadotecnia del cannabis es hoy una fuente de ingresos empujada por la proliferación degrow shops -desde Colonia hasta el Chuy-, que expenden los insumos para el cultivo de marihuana con tecnología de punta. Pero en ese rubro lo legal también se mezcla con la informalidad de aceites caseros derivados de esa droga, producidos con fines “medicinales” y adoptados como analgésicos de amplio espectro.
El auge de los clubes cannábicos, establecidos en sedes que intentan pasar inadvertidas a los ojos del público, tanto por cuestiones de seguridad como de rechazo entre los propios vecinos, va in crescendo en todo el país, aunque lejos de los esquemas de costos previstos por el propio Estado uruguayo, que había anunciado un valor unificado de US$ 1 por gramo comercializado de cannabis, de manera de disputarle mercado al tráfico ilegal y en consonancia con el espíritu que animó la ley.
Las matrículas de ingreso a los clubes cuestan unos US$ 200, y el “pago” mensual de la droga es de US$ 4 por gramo, sobre un total permitido de 40 gramos por usuario por mes. En otras palabras, el costo es cuatro veces mayor que el esperado por el gobierno de José Mujica. También resulta superior al valor fijado por el narcotráfico paraguayo para el cannabis prensado, de baja calidad, cuyo costo, según pudo saber LA NACION, ronda los US$ 40 para el menudeo de 25 gramos, aunque las fuentes consultadas aseguran que la calidad del cannabis autocultivado en Uruguay es ampliamente superior al traficado. “La diferencia es la de una copa de tinto francés y un vaso de una damajuana”, grafican.
Pocas leyes como la 19.172, promulgada por el Frente Amplio, han dividido tanto a la sociedad uruguaya. Según las últimas encuestas, el 66 % de la población continúa rechazando la ley y por lo bajo espera que con la asunción, el mes próximo, del oncólogo Tabaré Vázquez se frene la distribución de cannabis en farmacias, tal como dispone la ley.
La última gran controversia fue lanzada la semana pasada por la Asociación de Química y Farmacia de Uruguay, que pidió se reviera la habilitación de farmacias como bocas de expendio. Los bioquímicos amenazaron con renuncias masivas a sus puestos de trabajo como directores técnicos en las farmacias si se les exige expender marihuana.
Se oponen no sólo por cuestiones de seguridad, sino también porque entienden que hacerlo desvirtuaría la función primigenia de la farmacia en el cuidado de la salud.
Pero mientras la polémica se acrecienta y parece no tener fin, nadie sabe con certeza cómo implementará Tabaré Vázquez la venta regulada de la droga en las bocas de expendio.
El presidente electo del Frente Amplio ya advirtió que revisará esa parte de la ley que, en los hechos, tampoco parece conformar ni a los consumidores ni a los detractores del cannabis. Sólo unos 1500 consumidores regulares y apenas unas decenas de clubes accedieron a inscribirse en los registros del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), la nueva dependencia que fiscaliza las tres vías para la producción y obtención legal de marihuana. Es decir, el autocultivo con un máximo de seis plantas en floración y producción anual de 480 gramos; el cultivo en clubes, ceñido a un límite de 99 plantas y entre 15 a 45 miembros, y la futura e incierta venta en farmacias de 40 gramos mensuales.
El uso recreativo de la marihuana en Uruguay (legalizado desde 1974, mediante el decreto-ley 14.294) está hoy tan extendido como naturalizado, y sobrepasa ampliamente al número de inscriptos como consumidores, incluso entre quienes se han lanzado a cultivar plantas en sus hogares.
La mayoría, en los hechos, pasa por alto cualquier tipo de registro. Tampoco en el caso de muchos cultivadores se acepta inscribir la genética de las semillas en el Instituto Nacional de Semillas (Inase), una práctica adoptada por los productores especializados.
Sin embargo, hay excepciones, especialmente cuando se trata de clubes cannábicos que ya avanzaron con el cultivo y que necesitan el aval del Estado para poder distribuir entre sus miembros hasta un máximo de 21.600 kilos de marihuana por año. En Uruguay, al menos seis de ellos, según pudo saber LA NACION, ya se han inscripto y han comenzado a operar, aunque en la mayoría de los casos no han recibido la notificación formal de autorización por parte del Ircca.
“Todavía hay un vacío legal en muchos frentes que se deben ajustar, y eso es peligroso por la interpretación arbitraria que puede hacerse de la ley”, explica el abogado penalista Octavio Carniglia, entre cuyos clientes se encuentran varios grow shops, clubes y cultivadores particulares.
A Ernesto Gutiérrez, un ingeniero en sistemas de 43 años casado y con hijos, su vecino lo denunció la semana pasada por narcotráfico. En el jardín de su casa en Carrasco cultivaba diez plantas de cannabis, pero sólo siete eran psicoactivas (hembras), una más de lo permitido por ley. Lo hacía -según contó Carniglia- para “poder fumar yerba orgánica de calidad y evitar la degradación de tener que acudir a bocas de expendio, mezclándose con narcotraficantes, delincuentes y adictos a las drogas duras”.
Días atrás, Ernesto fue detenido por efectivos del grupo GEO, y como no estaba inscripto en ningún registro le incautaron sus cultivos y ahora una jueza penal debe decidir si su falta constituye un delito o si le corresponde sólo una sanción administrativa.
“De todas maneras, aunque no conforme a todos, esta ley es un gran avance -agrega el letrado-: cuando no hay distribución o comercialización, cultivar más plantas no puede ser entendido como delito.”
Flavia López y Rubén Machado abrieron hace dos años el primer grow shop en Maldonado, donde históricamente hubo siempre cultivadores de marihuana, al igual que en la Costa del Sol, en Canelones. Machado incluso reconoce que él mismo ha sido cultivador durante los últimos nueve años. En diciembre pasado fue el ganador de la Copa Uruguay, un certamen cannábico en el que se intercambian técnicas y se juzgan las mejores genéticas.
Como instructor, su grow shop ha tenido tanto éxito que meses atrás fundó con su novia el primer club cannábico de Punta del Este. Ya no tienen más cupo de ingreso, pero promueven la apertura de otros clubes. Han hecho una fuerte inversión con cultivos hidropónicos, indoors y outdoors, con genética variada y de calidad, de manera de tener producción de cannabis todo el año.
También en diciembre pasado brindaron junto a los socios por la primera cosecha del club y en abril obtendrán la próxima, gracias a semillas adquiridas por Internet y enviadas desde España.
“Para mí, enseñar a cosechar, secar y curar cannabis no es un conflicto, como sí lo es el consumo indiscriminado de alcohol que tiene Uruguay -dice Machado-. Soy abstemio, fumo para relajarme”, dice.
La argentina Alicia Castilla, autora del libro Cultura cannabis, editado con éxito en 2005, permaneció 95 días presa en 2011 por cultivar 20 plantas de marihuana en el jardín de su casa en Canelones. Su caso inspiró la primera versión de la ley, que el Frente Amplio promulgó después con modificaciones y mayores restricciones.
LA NACION la visitó en su casa en Canelones, donde cultiva sus seis plantas, aunque asegura que no piensa registrarse como consumidora (tampoco puede, por ser extranjera). “Lo que critico es que la ley uruguaya se hizo de espaldas a los consumidores. En Chile discuten la legalización y han llamado a todos los sectores. Estigmatizar a los consumidores con un registro, indicarles cuánto deben fumar y en cuántas tomas pueden obtener el cannabis en la farmacia es una intromisión del Estado”, opinó.
Aunque la ley prohíbe el uso a menores de 18 años, en el último ciclo lectivo, docentes uruguayos alertaron a las autoridades escolares sobre el incremento de adolescentes que asisten a clase bajo el influjo de la marihuana y sobre el peligro que representa no sólo en los procesos de aprendizaje, ya que compromete la atención, sino también como puerta de entrada a drogas más duras.
En las rutas uruguayas, en tanto, ya se fiscaliza con dispositivos especiales (en Uruguay los llaman “porrómetros”) el nivel de THC en conductores. La evidencia de esa sustancia en las rutas está penada por ley, con igual severidad que la alcoholemia.
Sin distinción de edad, como en el caso de Alicia Castilla (foto), el consumo y el cultivo de cannabis en Uruguay han sido desde hace años una práctica arraigada. Su legalización sirvió en muchos casos para regularizar antiguas prácticas de consumidores, que hoy acuden a los grow shops para hacerse con los insumos. Para el Estado uruguayo, el autocultivo de cannabis le resta mercado al tráfico ilegal y previene que los consumidores interactúen con los dealers. Punta del Este, por caso, ya cuenta con tres clubes cannábicos. El primero fue fundado por Rubén Machado y Flavia López en Maldonado, y ya cuenta con 45 miembros.
“LA MARIHUANA NO ES UNA DROGA INOCUA”
María de la Paz Vespignani
Directora del Centro Rivadavia
“Ningún colega que trabaje seriamente en adicciones está de acuerdo con una legalización masiva del cannabis en la Argentina como sucedió en Uruguay. Y esa negativa es categórica”
“Legalizarla va en detrimento de la salud mental de la población -dice-. Porque la marihuana no es una droga inocua. Intoxica y puede desencadenar patologías graves, como esquizofrenia y psicosis, sobre estructuras psíquicas lábiles. Pero además, la adicción es una patología que se monta sobre otros problemas de personalidad de base, y facilitar su acceso indiscriminado en personas que no tienen control de sus impulsos supone generar nuevos adictos. No se puede pensar en un uso recreativo sin medir las gravísimas consecuencias que su legalización conlleva”.
