Buscan disminuir las consecuencias letales del uso de armas de fuego en las fuerzas federales
El Ministerio de Seguridad creó el “Programa sobre uso de la fuerza y empleo de armas de fuego”, que busca disminuir “las consecuencias letales y lesivas” del uso de las mismas por parte de las fuerzas federales de seguridad, con foco en la formación profesional y las condiciones de salud y equipamiento del personal.
La normativa, que lleva la firma de la titular de la cartera, Sabina Frederic, entró en vigencia este martes a partir de la publicación de la resolución 377/2020 en el Boletín Oficial.
De acuerdo a la resolución, el programa se pondrá en funcionamiento frente a “todo hecho en el cual se produzca disparo de armas de fuego y que involucre a personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, haya o no heridos o fallecidos como consecuencia de dicho suceso”.
Además, el texto señala que las reglas elaboradas por el programa, que actuará bajo la órbita del Gabinete de Asesores del Ministerio, deberán ser aplicadas en el plazo de un mes por los jefes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, “a fin de ajustar sus procedimientos internos a pautas generales de actuación ante hechos de uso de armas de fuego que involucren al personal a su cargo”.
La resolución añade la conformación de una Comisión Ad Hoc integrada por representantes de las subsecretarías de Derechos, Bienestar y Género; de Control y Transparencia Institucional y de Formación y Carrera de cada una de las fuerzas federales, “para el seguimiento y coordinación de la adecuación normativa e institucional”.
En ese sentido, detalla que el Gabinete de Asesores podrá convocar a las reuniones de dicha Comisión a integrantes del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, así como a representantes de la sociedad civil.
En tanto, en el anexo de la publicación se precisan los objetivos del Programa, entre los que se cuentan la promoción de “rutinas de trabajo y principios relativos al uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego respetuosos de los derechos humanos”, y la elaboración de medidas que trabajen sobre la “formación, capacitación, desempeño profesional, doctrina, equipamiento y rendición de cuentas” del personal de las fuerzas.
También contempla “el seguimiento y sustanciación de actuaciones administrativas y disciplinarias que se realicen a fin de determinar la responsabilidad del personal policial y de seguridad que haya intervenido en los hechos” enmarcados en la órbita del Programa, y “el acompañamiento y contención profesional al personal afectado a estrés postraumático u otra condición” vinculados con el uso de armas de fuego.
Con esa finalidad, las acciones que podrá llevar a cabo el Programa son las de “reconstruir, recopilar, sistematizar y analizar información, antecedentes y casos sobre el uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego” para “producir información relevante y propuestas en consonancia con las políticas” del Ministerio de Seguridad.
Además, busca el desarrollo de “dispositivos de observación” y la implementación de “acciones tendientes a erradicar y prevenir prácticas irregulares y abusos funcionales” que se identifiquen hacia el interior de las fuerzas federales.
Por otro lado, el Programa cooperará con la Subsecretaría de Control y Transparencia Institucional en la “investigación de hechos que configuren violaciones a los derechos humanos, bajo los estándares internacionales que regulan el uso de la fuerza, para que sean tratados acorde a su relevancia, con mecanismos ágiles que permitan otorgar transparencia, imparcialidad e inmediatez” a la respuesta estatal.
En la misma línea, la resolución refiere a “mecanismos de intercambio” que se establecerán con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para llevar a cabo “el seguimiento de procesos judiciales referidos a la temática” y elaborar “criterios de actuación” relacionados con la función auxiliar de la Justicia.
