Declaró la abogada de familiares de tripulantes del ARA San Juan
La abogada Valeria Carreras, quien encabeza la querella que reúne a la mayor cantidad de familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, declaró este lunes como primera testigo en el marco de la causa que investiga en Mar del Plata el presunto espionaje ilegal contra ese colectivo por parte de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante la gestión de Juntos por el Cambio.
Carreras, representante de las familias de 26 marinos junto a la abogada Lorena Arias, fue la primera en brindar declaración testimonial ante la Justicia Federal de esta ciudad, tras la denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, por presuntas maniobras de vigilancia sobre el colectivo de allegados y parientes, en 2018 y 2019.
La declaración fue realizada a través de una videollamada ante el fiscal federal general, Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía Federal 2, quien quedó al frente de la investigación luego de que el juez Santiago Inchausti delegara la instrucción en el Ministerio Público.
La audiencia duró cerca de dos horas y media, y según explicó Carreras, fue “muy productiva” y permitió “repasar 15 episodios aportados por esta querella, que dan indicio y en algún caso prueba del accionar ilegal del Estado” sobre los familiares de los submarinistas que iban a bordo del San Juan cuando naufragó en el Atlántico Sur, el 15 de noviembre de 2017.
“Se aportaron fotos, cinco constancias de denuncias por pinchadura líneas telefónicas, por hackeó de email y por intromisión de redes sociales”, señaló la abogada a la prensa.
Estos elementos se suman a la documentación que presentó el jueves último de manera digital, al momento de pedir que los familiares fueran incorporados como querellantes tras la denuncia hecha por Caamaño.
En esa oportunidad, la abogada aportó las denuncias realizadas junto a Arias entre junio de 2018 y junio de 2020 en los tribunales federales de Comodoro Py (Capital Federal), Caleta Olivia y Lomas de Zamora, así como ante la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el naufragio, luego de que algunos familiares expresaran sus sospechas de que eran víctimas de espionaje.
En esa línea, Carreras pidió además en su declaración “la búsqueda de la totalidad de información que hubiera en la AFI”, así como en el Centro de Integración de Inteligencia Táctica Atlántico (CIAT) y en el área de inteligencia del Ministerio de Defensa.
Destacó que “primó todo el tiempo en el fiscal un interés por interpretar qué era lo que se vivía del lado de los familiares, y esto de sentir que estaban siendo espiadas y de haberlo denunciado tantas veces”.
En ese sentido, aseguró que “el silencio de los funcionarios de la Fiscalía Federal 2 y de los colegas presentes evidenciaba la gravedad” del hecho investigado.
“Hoy podemos decir que el Estado dejó de ser un enemigo de las víctimas, en la mayoría de los casos mujeres jóvenes, solas, con sus hijos”, dijo.
Fuentes judiciales indicaron por otra parte que para los próximas días están previstas nuevas declaraciones, entre ellas la del abogado Luis Tagliapietra, quien pidió que otras diez familias a las que representa también sean tenidas en cuenta como querellantes en la causa.
Tagliapietra es además padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, una de las 44 víctimas del hundimiento del submarino de la Armada Argentina.
También está prevista una declaración vinculada a otro de los aspectos incluidos en la denuncia de la intervención de la AFI: el posible espionaje sobre familiares de los tripulantes del buque pesquero Rigel, un barco de la flota marplatense que naufragó el 9 de junio de 2018 frente a las costas de Chubut, en un siniestro de dejó un tripulante muerto y ocho desaparecidos.
Mañana declararán Guillermina Godoy, madre de Nahuel Navarrete, una de las víctimas de ese hundimiento, y Hugo Amadeo, padre de Jonatan Amadeo, otro de los pescadores desaparecidos.
La denuncia realizada por Caamaño señaló que la delegación de la AFI en Mar del Plata durante la gestión de Cambiemos realizó “en los años 2018 y 2019” presuntas “tareas de vigilancia y seguimiento sobre el colectivo de familiares de las víctimas” de ambos naufragios.
Esto fue detectado tras el hallazgo de una serie de discos rígidos con fotografías tomadas en el primer semestre de 2018, junto con partes de inteligencia con información sobre encuentros e inquietudes de las familias de los marinos del ARA San Juan, mientras el buque estaba desaparecido.
La imputación por este presunto espionaje ilegal recae sobre el expresidente Mauricio Macri, “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”; el exdirector general de la AFI, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, entre otros integrantes del organismo.
