“Si no interviene el Estado, sólo ganan las empresas de energía y pierde la gente”
El subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, se refirió al informe que determinó que entre 2016 y el 2019 hubo aumentos injustificados y falta de inversión por parte de las distribuidoras de energía en la provincia de Buenos Aires y afirmó que “si no interviene el Estado, sólo ganan las empresas y pierde la gente”.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una Revisión Tarifaria Integral (RTI) en la que detectó que durante los cuatro años en que gobernó María Eugenia Vidal “el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio”.
El informe además demostró que en esos años se autorizaron “aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas”.
El relevamiento evidenció que durante el período 2016-2019, las compañías distribuidoras “aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años”.
En declaraciones formuladas a Télam, el funcionario explicó que “la primera conclusión es el altísimo nivel de incremento tarifario” y destacó que al indagar sobre los conceptos y factores que definieron la RTI se advirtió que “todos eran siempre en favor de las empresas y nunca de los usuarios”.
Cuestionó, en ese sentido, que “ante definiciones tan sensibles no se efectuaron informes técnicos que respalden esos criterios y decisiones”.
En el trabajo además se detalló que ese fuerte incremento tarifario “no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones”.
En concreto, a pesar de que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $12.092 millones, no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimientos.
“Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico”, se apuntó.
Además, se planteó en el relevamiento que “el fuerte aumento de las tarifas y el bajo nivel de inversión y mantenimiento de la red, tuvo como resultado un crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas”.
“El extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro empresas distribuidoras aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%”, se añadió.
Se apuntó que “los mayores resultados, lejos de destinarse a mejoras en la red se vieron reflejados en el crecimiento sustancial de los dividendos distribuidos, los cuales entre 2016 y 2019 acumularon un monto de 309 millones de dólares”.
Al respecto, Ghioni dijo a esta agencia que “en un momento, la tasa de rentabiidad de las empresas se disparó, pero las inversiones se mantuvieron constantes” e indicó que “la conclusión es que desenmascaramos la idea de que con altas tarifas va a haber inversiones ya que sin un Estado presente, esto no fue así”.
“Si no interviene el Estado sólo ganan las empresas y pierde la gente”, planteó el funcionario.
Por otro lado, criticó la falta de control en el período macrista, explicó que el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (Oceba) “estaba vaciado, no hacía inspecciones ni auditorias” y evaluó que “el Estado no reguló ni controló”.
Desde el Grupo Desa, empresa que posee la concesión de las cuatro principales compañías distribuidoras de electricidad de la provincia (EDEA, Edelap, EDEN y Edes), explicaron a Télam que “entre el 2017 y el 2019, la compañía invirtió más de $4.400 millones en la ampliación de redes de alta, media y baja tensión por más de 4.500 kilómetros”.
“Estas fuertes inversiones se realizaron a pesar del deterioro paulatino del escenario macroeconómico y los incrementos adicionales en los costos de operación y mantenimiento asociados”, remarcaron.
“Asimismo, se realizaron importantes innovaciones tecnológicas en la gestión del servicio con foco en la atención e interacción con el usuario, la administración y la mejora del sistema técnico”, resaltaron.
Indicaron que “la mejora de la calidad del servicio se observa la mejora sustancial de los índices de frecuencia y duración de las interrupciones durante el período considerado”.
Luego expusieron que el proceso de recomposición tarifaria tiene dos componentes: el proceso de reducción de subsidios en el costo de la compra de energía en el mercado eléctrico mayorista y la recomposición del valor agregado de distribución (VAD) que retribuye la remuneración del distribuidor para afrontar los costos de la operación, inversiones y rentabilidad.
Apuntaron que “entre diciembre de 2015 y de 2019, el VAD promedio en una factura de un usuario Residencial de 250 kWh/mes se incrementó en un 525% mientras que el costo de la energía para reducir los subsidios en el mismo plazo se incrementó en un 2500%”.
“En cuanto a los dividendos consignados en el informe, obedecen a resultados no efectivamente distribuidos. Muchos resultados contables obedecieron a eliminación de pasivos corrientes como, por ejemplo, Puree, financiamiento Cammesa de largo plazo, ajustes por inflación de los estados contables, entre otros”, añadieron.
Desde DESA se manifestaron optimistas “en que se arribará a un acuerdo de entendimiento, con el lanzamiento de un plan de trabajo conjunto que implique el sostenimiento del servicio, aportando previsibilidad y estabilidad regulatoria, en miras al desarrollo económico y social de las áreas de concesión”.
