Comienzan a desarmar el esquema PPP y cuestionan las bajas garantías y el costo financiero
El gobierno nacional comenzó a desarmar el esquema de Participación Público – Privada (PPP) implementado por la gestión de Mauricio Macri.
A casi dos años de su aplicación, el Ministerio de Obras Públcias ya inició un proceso de rescisión de los contratos con las empresas que están a cargo de las concesiones de seis corredores viales.
El pasado 27 de mayo, la cartera que conduce Gabriel Katopodis intimó a las compañías a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos.
En julio de 2018, se habían adjudicaron seis obras de corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.
En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5.400 millones en cinco años para la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas.
Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país.
Casi un 40% de costo financiero. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento.
Ante el incumplieron del aumento de las garantías del 2 al 2,5% de la inversión, previsto en la adenda firmada en julio 2019, el Estado intimó a las empresas a rescindir los contratos.
Además, estos contratos se realizaron en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras, una política que podría perjudicar la administración de las divisas de la Nación, debilitando las reservas del Banco Central.
Los contratos incluían, también, la concesión gratuita de la explotación de las áreas comerciales (fundamentalmente estaciones de servicio para venta de combustibles y alimentos).
De esta manera, los contratistas han estado percibiendo los beneficios producto de las concesiones desde agosto de 2018. “En todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas.
Luego de 20 meses solo se han efectuado inversiones mínimas: 1,3% del total en promedio y 4% como máximo, dependiendo del corredor del que se trate”, detallaron a Ámbito desde Obras Públicas.
En julio de 2019, el gobierno anterior suscribió una adenda de los contratos PPP, que, de acuerdo a la actual administración, “tuvo como objetivo condonar el incumplimiento de las condiciones básicas de los contratos, fundamentalmente la falta del financiamiento exigido para realizar las obras”.
“Actualmente, el nuevo cronograma de avance de obras dispuesto en la adenda tampoco se cumplió y en algunos casos la parálisis es total. Las empresas tampoco han podido realizar el cierre financiero, es decir que el financiamiento privado para las obras sigue sin concretarse, ni han cumplido con el incremento del monto de la garantía de cierre financiero de acuerdo a lo estipulado en los contratos”, agregaron.
