Sin la cláusula RUFO, se abre otro escenario
La disposición obligaba a extender a todos los bonistas cualquier mejora que se les otorgara a los que ganaron el juicio en Estados Unidos. Ahora esta condición no rige. Igual en el Gobierno son cautelosos. Desconfían de la voluntad de los buitres para negociar.
La posibilidad de encarar una negociación formal entre Argentina y los fondos buitre que permita resolver la prolongada disputa quedó legalmente habilitada. El último día de 2014 venció la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, por su sigla en inglés). Por un período de diez años, esa disposición contractual obligaba al Gobierno a extender a los tenedores de los bonos del canje las mismas condiciones financieras presentes en cualquier hipotética nueva propuesta. La caducidad de la RUFO allana el terreno para una solución negociada, aunque desde el equipo económico afirman que no existe ningún apremio por sellar un acuerdo. Si bien los fondos buitre enfatizan en cada aparición pública su voluntad para dialogar, en el Palacio de Hacienda consideran que los demandantes no tienen ningún interés en participar de una discusión para encontrar una salida justa y sustentable con la totalidad de los acreedores fuera del canje. No obstante, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y sus colaboradores no descartan una posible negociación. Hasta ahora, tampoco se avanzó con la alternativa de hacer valer las herramientas contempladas en la Ley de Pago Soberano para favorecer al 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron al canje. Esa vía permitiría intentar que los tenedores de bonos reestructurados cobren eludiendo el bloqueo al mecanismo de pagos. Mientras tanto, en Economía y Cancillería celebran el creciente respaldo de la comunidad internacional y los avances en la discusión dentro de las Naciones Unidas de un marco regulatorio internacional para futuras reestructuraciones de deuda.
RUFO no more
Cuando el sistema judicial estadounidense convalidó la abusiva y extravagante sentencia del juez Thomas Griesa, el Ministerio de Economía definió que pagar 1600 millones de dólares a los buitres no sólo era una solución sino que abría la puerta a una nueva, costosa y prolongada puja judicial por hasta 500 mil millones de dólares, seis veces las reservas internacionales del Banco Central. La responsable de esa multiplicación era la cláusula RUFO, un riesgo legal improbable pero latente que fundamentó la estrategia oficial para reclamar una medida cautelar para suspender el bloqueo al mecanismo de pago y postergar una eventual oferta hasta que fuera “legal”.
A lo largo de las últimas semanas, los voceros buitres acusan al equipo económico de convertir una disputa contractual en una causa nacional impidiendo cualquier acuerdo. Representantes del fondo NML Capital afirmaron en distintas oportunidades su disposición para recibir parte del pago en bonos. Emparentaron la cancelación de una sentencia judicial que el Gobierno considera “ilegal” con el pago a Repsol por la expropiación del 51 por ciento de YPF, un activo estratégico.
Desde el Palacio de Hacienda reiteran que cualquier hipotético acuerdo que se alcance deberá ser “justo, equitativo y sustentable”. Incluso sin la vigencia de la cláusula RUFO entienden que pagarles a los demandantes el monto total de la sentencia no es un camino viable, ya que no resolvería el problema global de los juicios carroñeros en marcha y las potenciales disputas similares que podrían abrirse. Como condición necesaria insisten en que cualquier mesa de diálogo requiere lograr la participación de la totalidad de los acreedores que no ingresaron al canje (el 7,6 por ciento) o, por lo menos, un número relevante.
“Cualquier acuerdo debe ser justo, equitativo e igualitario y contemplar a la mayor cantidad de holdouts posible”, reiteraron desde el equipo económico. El ejercicio matemático de extender los términos financieros de la sentencia de Griesa a todos los acreedores que no participaron del canje eleva el monto a pagar hasta 25 mil millones de dólares, una cifra equivalente al 79 por ciento de las reservas actuales. No todos los acreedores poseen la misma sentencia ni compraron los bonos en el mismo momento, pero la estimación permite una aproximación a la magnitud que tendría un arreglo global.
¿Se puede negociar?
“Argentina siempre ha estado abierta al diálogo. Hay una oferta sobre la mesa para sumarse al otro 92,4 por ciento de los tenedores de bonos con un 300 por ciento de beneficio”, afirmó el lunes pasado Cecilia Nahón, embajadora argentina en Washington. La propuesta que fue reiterada en varias oportunidades a los buitres tiene los mismos términos de quita, extensión de plazos y reducción de intereses que los presentes durante las dos operaciones del canje en 2005 y 2010. Esa “oferta” es descartada por los buitres.
El equipo económico considera que los buitres no tienen ningún interés genuino en encarar una negociación incluso si las condiciones financieras “mejorasen” dentro de parámetros razonables. “Hay que preguntarse si los fondos quieren cobrar porque nosotros queremos pagar, pero una suma razonable que no amenace las posibilidades de crecimiento. A mí me da la impresión de que los buitres no quieren cobrar y que utilizan esto para hacer ganancias como fue en su momento esos seguros contra default”, sostuvo dos semanas atrás el viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis.
El mismo razonamiento fue esgrimido por Kicillof a lo largo de los últimos meses: “La sentencia de Griesa les da muchísima fuerza. Es demasiado poder para el peor de todos. Y lo están ejerciendo. Hoy la oferta disponible es un canje de bonos en las mismas condiciones de quita, plazos y tasas que las que recibieron quienes ingresaron al canje. Los que evidenciaron una conducta intransigente y no negociadora son los buitres. Nosotros siempre fuimos con buena voluntad, teniendo en cuenta nuestras restricciones legales, para alcanzar un arreglo para todos los holdouts: el 7,6 por ciento de los que no ingresaron al canje. Los buitres y Griesa no quieren eso. No sé si el 1º de enero cambia su posición y negocian de buena fe o si siguen con una posición intransigente, porque si lo que quieren es utilizar el poder que les dio la sentencia del juez, no hay posibilidad de solución. Depende más de ellos que de nosotros”, apuntó el funcionario en octubre, durante una entrevista con Página/12.
Bajo esa línea de análisis la apuesta buitre sería dialogar después de 2015 con el próximo gobierno. Abonan a esa hipótesis las declaraciones de algunos precandidatos a favor de cumplir con la sentencia del juez Griesa al pie de la letra. Atravesar el año sin un arreglo no sólo no es un deseo del equipo económico sino que constituye un escenario por lo menos incómodo.
Durante 2015 se deben cancelar cerca de 12 mil millones de dólares en concepto de vencimientos de capital e interés de la deuda externa. El desempeño de las reservas del Banco Central –administración del comercio exterior, swap de monedas con el Banco Popular de China mediante y algunos ingresos extraordinarios como los provenientes de la licitación del espectro 4G– garantiza la disponibilidad de los fondos para hacer frente a esas obligaciones financieras. La continuidad del bloqueo del sistema judicial norteamericano al mecanismo de pago, sin embargo, impide que esos fondos lleguen a los tenedores de bonos del canje.
Hasta ahora, los inversores financieros internacionales que tienen deuda argentina –entre los que se hayan figuras de peso como los fondos Fintech, Quantum y Hyman– permanecieron pacientes a la espera de una solución que les permita recibir sus fondos. Los últimos cuatro pagos de intereses por aproximadamente 1000 millones de dólares todavía no llegaron a sus cuentas. Una porción del dinero fue transferida a las cuentas del Bank of New York Mellon a fines de junio y, luego del desplazamiento de la entidad como agente fiduciario, los dólares y euros pasaron a ser depositados en Nación Fideicomisos. Si bien esos inversores no iniciaron acciones legales para intentar cobrar ante el incumplimiento del contrato al que se vio forzado el país, tampoco avanzaron junto con el equipo económico para aprovechar las herramientas disponibles en la Ley de Pago Soberano. Esa legislación contempla la posibilidad de que los bonistas, una vez que acrediten su condición de tenedores de títulos, abrieran cuentas en el país y cobraran. No es un proceso sencillo, ya que requeriría la colaboración de algunos intermediarios que hasta ahora mantienen intacta su devoción a la orden de Griesa que prohíbe colaborar con el país. Más allá de conversaciones informales con grandes jugadores afines que habrían expresado su interés por avanzar en esa vía, el equipo del ministro Kicillof todavía no definió avanzar.
Fuente: Página 12.
