La Fiscalía pidió que la Corte bonaerense revea las prisiones domiciliarias masivas
Este lunes, el fiscal de Casación bonaerense Carlos Altuve presentó su recurso de queja para que la Suprema Corte de la Provincia revise el hábeas corpus colectivo concedido por el juez Víctor Violini, que habilitó en un fallo prisiones domiciliarias masivas para presos considerados de riesgo ante el avance del coronavirus.
En esa presentación, Altuve consideró “de una extrema gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación” el fallo de Violini, que planteó la posibilidad de que los presos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, detenidos con enfermedades preexistentes y que estén involucrados en delitos leves podrían acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
La Corte bonaerense planea dar una respuesta rápida a este tema, que generó una fuerte polémica. Los miembros de la Corte son Daniel Soria, el presidente, y los jueces Eduardo De Lázzari, Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan y Sergio Torres. Ellos están en acuerdo permanente y se dieron la firma digital, que les permite dictar fallos a la distancia.
Sin embargo, la discusión política estalló cuando se detectaron decisiones judiciales que dieron domiciliaria a presos que tenían penas por delitos graves como violaciones, narcotráfico y asesinatos, entre otros.
Frente a este rechazo, Altuve presentó un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal provincial. En su recurso anterior, había dicho ya que el fallo de Violini priva a cada juez de resolver en su caso, los corre del medio y es cada magistrado el que conoce a su preso, su causa, la gravedad de los delitos y el perjuicio o no que puede traer para la víctima.
El Fiscal entiende que el fallo de Violini es “absurdo” y “arbitrario”. Su justificación es que no explica a quiénes alcanza ni están determinadas las categorías de delitos graves o leves.
Además, deja la decisión final al Poder Ejecutivo sobre a quién dar arresto domiciliario, porque señala que se otorgará a los presos que figuren en una lista que el Ministerio de Justicia bonaerense y los que se agreguen en el futuro, sin control de ningún juez.
Además, indicaron que el Ministerio de Justicia cuenta con 1.950 tobilleras electrónicas y todas están en uso. Es decir que las morigeraciones se están concediendo sin monitoreo a través de un dispositivo.
El fiscal Altuve manifestó que está de acuerdo con la búsqueda de alternativas para evitar que el coronavirus ingrese a los presidios bonaerenses. Pero advirtió que, si no se establecen claramente las categorías de delitos que habilitarían la prisión domiciliaria, el fallo de Casación tomado en su amplitud puede derivar en miles de excarcelaciones.
