Revocan un sobreseimiento y deberán investigar si un joven promovía el consumo de drogas por Twitter
La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) revocó un sobreseimiento y mandó seguir investigando si un joven estimuló a través de la red social Twitter el consumo de drogas, confirmaron hoy fuentes judiciales.
La decisión la tomó, por mayoría de sus miembros, la Sala I de la CFCP ante el pedido formulado por la fiscalía que interviene en el caso contra L.C.P. por presunta violación al artículo 12 inciso “a” de la ley 23.737 (de Estupefacientes).
La norma prevé una pena de prisión de 2 a 6 años para el que “preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos”.
La causa penal contra C.P. se inició por una denuncia anónima formulada por el padre de una adolescente, quien observó en la cuenta de Twitter que su hija había dejado abierta, que alguien apodado “Shaggy” ofrecía pastillas “Mickey” y “Tesla” para concurrir a un boliche del barrio Palermo, en esta capital.
Expertos de la Policía Federal determinaron que se trataba de la cuenta de C.P., de 17 años cuando comenzó los “posteos”, quien fue procesado y sobreseído, respectivamente, en primera y segunda instancia de la justicia en lo criminal federal de esta Ciudad.
Al pedir la revocatoria del sobreseimiento, la fiscalía sostuvo que el contenido de las publicaciones efectuadas por C.P. en su cuenta de Twitter, entre agosto y diciembre de 2017, constituía una invitación para que otras personas consuman estupefacientes.
La resolución impugnada por la fiscalía consideró que la conducta imputada es “una forma de relacionarse” de un adolescente con sus seguidores, “expresándose con frases cuyo propósito era llamar la atención, mas no incitar el uso de sustancias estupefacientes, ni mucho menos provocar la captación de nuevos adictos a las drogas”.
Para el Ministerio Público Fiscal, sin embargo, “no puede negarse el carácter delicitivo de las expresiones de C.P. en Twitter, las cuales no sólo aprueban el uso de sustancias prohibidas, sino que además se congratulan con que ello suceda”.
Agregó que el medio empleado, la red social Twitter, para preconizar y difundir el uso de estupefacientes “alcanza una dimensión insospechada capaz de causar una animosidad especial en sus destinatarios que es, en definitiva, lo que la ley trata de evitar”.
Los camaristas Diego Barroetaveña y Daniel Petrone mandaron “profundizar” la investigación, porque “la persona acusada debe aparecer en forma indudable y evidente que se encuentra exenta de responsabilidad”.
Para la camarista Ana María Figueroa, el artículo 12 de la ley 23.737 tiene por objeto penar “la concreta y deliberada divulgación pública del consumo de estupefacientes como algo positivo y con el fin de promoverlo, no de la mera exposición de apreciaciones personales”.
Figueroa remarcó que “del contenido de las publicaciones efectuadas por C.P. no se verifican actos de exaltación o glorificación del consumo de drogas (preconización), ni de su propagación o divulgación pública (difusión)” sino que son el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
“Es que el abuso de los controles por parte del personal policial y la justicia penal en este caso” quedó en evidencia según la camarista y “constituye una forma de limitación de las libertades personales del entonces niño L.C.P., bajo pretexto de la investigación de la posible comisión de un delito que, en líneas generales, consistiría en una suerte de apología o instigación a la realización de una conducta que no es delictiva” como el consumo de estupefacientes, concluyó.
