Engañaban a indigentes, les plantaban armas y drogas, y luego simulaban procedimientos
Cuatro policías federales acusados de integrar una banda que se dedicaba a detectar indigentes y ganarse su confianza ofreciéndoles “changas”, para luego “plantarles” armas y drogas y simular un procedimiento previa convocatoria a la prensa para cobrar notoriedad pública, será sometida a juicio por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, merced a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De esta forma, a instancias de una apelación interpuesta por el fiscal general Javier De Luca, fue revertida la decisión tomada por un Tribunal Oral, que había declarado la prescripción de la causa a favor del grupo de policías acusados de cometer violaciones a los derechos humanos, informaron fuentes judiciales.
De acuerdo a la pesquisa, la modalidad con la que operaba esta banda de efectivos de la Policía Federal -que actuó durante 1997 y 1998- consistía en utilizar a una persona como “carnada” para ganarse la confianza de gente necesitada de empleo o indigentes, a quienes luego les tendía una emboscada y detenía por tenencia ilegal de armas y narcotráfico.
Para eso, a esa persona utilizada como “carnada” se le ofrecía primero una “changa” y, de este modo, se iba estrechando un vínculo de confianza.
Una vez logrado ese objetivo, en un determinado momento le dejaban a su cuidado un bolso que, en verdad, contenía armas y drogas, sin que las víctimas lo supiera,
En esa circuntancia, aparecían los policías y simulaban un procedimiento en el que esas personas eran detenidas ante la mirada de la prensa televisiva, a la que previamente convocaban con el fin de darle visibilidad a su supuesto accionar y ganar así prestigio.
Según consignó el Ministerio Público Fiscal, a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso interpuesto por el fiscal De Luca, contra la declaración de prescripción de la acción penal dictada a favor del grupo de policías acusados, identificados como Héctor José Lusarreta, Carlos Francisco Giuseppucci, Ricardo Maldonado y Hugo Daniel Rodríguez.
De esta forma, todos ellos serán juzgados bajo los cargos de privación ilegítima de la libertad agravada en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público y en concurso real con falso testimonio agravado.
Este caso había tenido origen en un informe elaborado por la Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados, creada en el 2000 por la Procuración General de la Nación.
