Qué hicieron las empresas de mensajería ante el fallo que ordenó la suspensión de su actividad
Las empresas de mensajería y delivery anunciaron hoy que apelarán el fallo del juez Roberto Gallardo que ordenó el viernes pasado suspender las actividades de las compañías por incumplimiento de resoluciones judiciales.
En un comunicado, Rappi, Glovo y Pedidos Ya señalaron que apelarán la medida judicial en conjunto y confirmaron que recusaron al encargado Juzgado de Feria Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
“La empresa espera poder seguir operativa y que se respete el derecho al trabajo para continuar invirtiendo y generando un impacto positivo en los miles de repartidores y comercios que se benefician a través de la plataforma”, aseguraron desde Glovo, y agregaron que “más de 7.000 repartidores generan ingresos a través de la aplicación”.
La empresa aseveró que desde su desembarco “en Argentina, a comienzos de 2018, Glovo invirtió más de 20 millones de dólares en el país, convirtiendo a Buenos Aires en el centro de operaciones de todo Latinoamérica”.
El viernes la justicia porteña ordenó suspender las actividades de las empresas por incumplimiento de resoluciones judiciales.
La Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (Asimm) fue la que inició la causa contra las plataformas ante el Juzgado de Primera Instancia porteño pidiendo la regularización del servicio de mensajería y solicitó una medida cautelar para que Rappi, Glovo y Pedidos Ya, cumpla con las disposiciones judiciales.
La medida fue aceptada por el juez Gallardo, que dispuso -además- que la Policía de la Ciudad “decomise” las mercaderías que transportan las empresas “que no respeten íntegramente los requisitos legales y judiciales”.
Lo decomisado “deberá ser remitido al área de análisis bromatológico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o al laboratorio químico de la Policía, en caso de sustancias no alimentarias”, añadió.
Además, determinó que “las empresas autodenominadas plataformas serán sancionadas con el pago de pesos diez mil ($10.000) por cada infracción verificada”, y que sean “bloqueadas de inmediato las operatorias mediante tarjetas de crédito de las empresas mencionadas, conforme la orden impartida a la autoridad crediticia”.
Gallardo explicó que su decisión se basa “en el incumplimiento” por parte de las empresas de la presentación de documentación “ordenada hace siete meses” por la Justicia.
Asimm ya tuvo fallos favorables en el Juzgado de origen y en la Cámara de Apelaciones.
En su fallo, Gallardo recordó que el 10 de julio último la Cámara de Apelaciones del fuero le dio 48 horas a las empresas para presentar una lista completa de su personal y la constancia de haberles entregado los implementos de seguridad vial exigidos por la ley.
También debían acreditar que el personal de reparto posee libreta sanitaria vigente, así como las constancias de regularidad laboral y de cobertura de seguros y ART.
“Estas obligaciones se encuentran incumplidas”, resaltó Gallardo, que decidió, por tanto, suspender las actividades de las tres empresas.
“En abril de este año, el juez Gallardo presentó una sentencia similar que luego se dejó sin efecto. Desde entonces, Glovo reforzó su compromiso con la seguridad de los repartidores y continúa trabajando diariamente para mejorarla”, expresaron desde la compañía hoy.
