Organizaciones denuncian que peligra la Marcha del Orgullo por falta de garantías de la Ciudad
La comisión organizadora de la 23° Marcha del Orgullo LGBTIQ denunció que peligra su realización, prevista para el 15 de noviembre, porque no considera que estén dadas las garantías para ejercer la libertad de expresión y debido a que el gobierno porteño no se hace cargo de la seguridad del encuentro.
“Ante las incertezas jurídicas sobre el derecho a la libertad de expresión creadas recientemente por un fallo de la justicia y la medida inconstitucional del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que viene delegando por resolución el deber de seguridad sobre la ciudadanía en general, denunciamos que peligra nuestra marcha”, dijeron a través de un comunicado las 30 organizaciones convocantes.
Varias ONG y entidades sindicales y políticas integran el espacio organizativo para la marcha que reivindica los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer.
Explicaron que la autoridades porteñas “delegan la seguridad en las organizaciones sociales y políticas al momento de otorgar permisos para actos de interés general o políticos en el espacio público, igualándolos a eventos con fines particulares o de lucro en espacios concesionados o privados”.
La Comisión alertó sobre “la gravedad de esta política” y advirtió a las organizaciones sociales y políticas “sobre el peligroso condicionamiento a la libertad de expresión y el peligro de quiebra patrimonial de las organizaciones que implica esta decisión”.
Ésto “ha sido legitimado recientemente por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal en su fallo en la causa ‘Arregui Diego Maximiliano c/ Estado Nacional -PFA y otros s/ daños y perjuicios’, que ha pasado recientemente por recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se encuentra a la espera de resolución”, añadieron.
El fallo fue calificado como “amedrentador” por las ONG pues dispuso que la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) debe pagar daños por 470.000 pesos a un transeúnte “por un delito común ocurrido en la vereda de la plaza donde desarrollaba un acto, diciendo que la organización ‘omitió su deber de seguridad al no ejercer el poder de policía que le delegó el Gobierno CABA’, a fin de prevenir lo ocurrido”.
Ante esta situación, la Comisión anticipó que “estamos en peligro potencial de quiebra económica de las organizaciones sin fines de lucro y el debilitamiento de nuestro derecho a la libertad de expresión en la vía pública”.
Por todo esto, “peligra sin dudas la continuidad de la organización de las marchas del orgullo LGTBIQ, uno de los actos democráticos más grandes del país”, enfatizaron.
