[OPINIÓN] Menores imputables. Por @fvlonigro
Por Félix V. Lonigro, profesor de Derecho Constitucional (UBA, UAI y UB).
En el derecho penal, “imputar” significa atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho delictivo, es decir, de una conducta que el legislador ha considerado antijurídica y que por ello le ha asignado una pena. Para que ese “alguien imputado” pueda ser responsable penalmente por el delito cuya comisión se le adjudica, es necesario que esté en condiciones de medir la gravedad del hecho cometido. Es por eso que la ley establece un límite de edad, debajo del cual se considera que un sujeto es inimputable, es decir, que no puede adjudicársele responsabilidad penal por la comisión de una hecho delictivo.
En la Argentina ese límite de edad es de 16 años. Recién a esa edad, según la legislación de nuestro país, un individuo discierne entre el bien y el mal. Demás está decir que ello constituye un verdadero desatino, porque mucho antes una persona física sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, por lo menos cuando se trata de conductas graves tales como matar, dañar, secuestrar y violar.
La Convención Internacional sobre los derechos del niño, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional, y al cual la Argentina adhirió en septiembre de 1990, a través de la ley 23.849, delega en cada país miembro la responsabilidad de decidir cuál es la edad debajo de la cual un sujeto es inimputable. Solo Argentina y Cuba establecen ese límite a los 16 años. Según los datos de Unicef, ningún país del mundo lo hace a los 15, y son muchos los que fijan ese límite en 14 años.
Países de corte populista como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, tan admirados por nuestra izquierda fundamentalista que se opone fervientemente a bajar la edad de inimputabilidad, la fijan en 14 años (Bolivia y Venezuela), en 13 años (Nicaragua) y hasta en 12 años (Ecuador). De más está decir que países como Alemania, Austria, España, Italia y Holanda fijan la edad de imputabilidad a los 14 años, tal como también lo hacen países sudamericanos como Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Inglaterra solo considera inimputables a los menores de 10 años.
En la Argentina hay un sector del arco político para el cual, encarcelar a un menor, es un acto violatorio de derechos humanos elementales. Olvidan que la misma Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece, en su Art. 37 Inc. B que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley”. El instrumento internacional de derechos humanos utiliza ese término tan temido por la izquierda argentina: “encarcelamiento”, que tal como lo dispone la Constitución Nacional al referirse a las cárceles, tiene por finalidad la “seguridad” de la sociedad en general.
Es bueno que también se sepa que ese convenio internacional que protege los derechos del niño, admite que aquellos de quince a 17 años (a los 18 ya dejan de ser niños según esa Convención) sean enrolados en el Ejército y llevados a la guerra (Art. 38 Inc. 2 y 3). Es cierto que la ley argentina de adhesión a esa Convención ordenó al presidente que, a la hora de ratificarla, declare que para la Argentina es deseable que no se permita a los gobiernos recultar niños para la guerra; pero lo cierto es que filosóficamente el convenio internacional lo admite.
De modo tal que discutir la edad de inimputabilidad es tan retrógrado como aquellos que se oponen a bajarla. No solamente porque los adolescentes estan en perfectas condiciones para discernir si matar o violar es bueno o malo; sino también porque el mundo va en ese sentido.
Queda claro que los problemas de inseguirdad no se resuelven con medidas aisladas y que es necesaria la prevención y la resocialización de los detenidos, pero si se proponen medidas aisladas positivas, no es bueno oponerse a ellas.
[Nota publicada en la edición de hoy del diario Clarín]
