La justicia española avanza por primera vez sobre crímenes del franquismo
Un tribunal español investiga un caso de torturas cometido en 1971 por miembros de la policía política de la dictadura de Francisco Franco, en una decisión judicial que no tiene precedente en democracia y se inscribe en una larga e incansable batalla de las víctimas del franquismo por conseguir justicia tras 40 años de impunidad.
Los hechos denunciados están recogidos también en la causa que lleva adelante la jueza María Servini de Cubría en Argentina, pero es la primera vez que se abre -y avanza- una investigación criminal de este tipo en el Estado español.
La querella, que fue admitida a trámite el 28 de diciembre último por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, denuncia concretamente la torturas sufridas por una docena de estudiantes que militaban en el Partido Comunista de España (PCE), que fueron detenidos en 1971 por la Brigada Político Social (BPS) del franquismo.
“Estos jóvenes estudiantes de 18 y 19 años permanecieron una media de 15 días incomunicados en la Jefatura Superior de Policía de Valencia, donde fueron sometidos a torturas constantes”, explicó a Télam Guillermo Noguera, uno de los abogados de la querella, impulsada por diferentes plataformas de apoyo a las víctimas del franquismo.
“Sufrieron todo tipo de vejaciones, como ahogamientos en una bañera hasta dejarlos inconscientes”, ejemplificó el abogado.
La querella está dirigida contra varios policías adscritos a la Brigada Político Social de Valencia, entre ellos Jacinto López Acosta, Benjamín Solsona Cortés -alías “El Galleta”- y Manuel Ballesteros, todos de paradero desconocido.
A pesar de que los responsables de estos crímenes podrían haber fallecido, lo que condiciona la posibilidad de que sean condenados, el abogado destacó que lo fundamental es que la Justicia española reconozca que las “torturas fueron cometidas en un contexto de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen franquista”.
“Existía un plan sistemático que tenía como finalidad anular la voluntad de estas personas, involucradas en política, que eran opositores”, recordó Noguera.
Según indicó el abogado, el juez de instrucción no sólo admitió a trámite la querella sino que ordenó recabar toda la información que consta en el Archivo Histórico Nacional (Centro Documental de Memoria Histórica) relativa a estas detenciones.
“Esto es algo que nunca antes había ocurrido. Ningún juez pidió diligencia de prueba en España, el único precedente es el de la Justicia argentina”, insistió.
El total de denunciantes de estos hechos ocurridos en Valencia son seis, aunque sólo uno de los casos fue admitido.
Se trata de un precedente jurídico de un gran valor, puesto que puede abrir nuevas investigaciones.
En el marco de una estrategia de alcance estatal, las víctimas del franquismo presentaron en los últimos años una veintena de querellas contra la “policía política” del franquismo en Madrid, Oviedo, Barcelona, pero, por el momento, sólo un tribunal de Valencia respondió de forma favorable y abrió una ventana de esperanza para las personas que buscan justicia en su país.
La BPS fue creada por Franco para vigilar y suprimir a los opositores del régimen.
Según historiadores, llegó a estar integrada por unos 20.000 policías, entre los que destacó Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, a quien la justicia española rechazó extraditar a la Argentina por considerar que los delitos que se le imputan están prescriptos.
