La tía de Sheila también tenía lesiones y el fiscal dice que se aprovechó de la confianza de la niña
Leonela Abigail Ayala, acusada del asesinato de su sobrina Sheila Ayala (10), en la localidad bonaerense de San Miguel, también presenta lesiones compatibles con signos de defensa de la víctima, por lo que el fiscal del caso solicitó que quede formalmente detenida por homicidio agravado, al igual que su marido, Fabián Ezequiel González, informaron hoy fuentes judiciales.
En su requerimiento de detención, el fiscal Gustavo Carracedo además acusó a ambos tíos de aprovecharse del “estado de indefensión” y de la “confianza” que la niña les tenía.
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Malvinas Argentinas presentó ayer su pedido para que la aprehensión de la tía y madrina de la víctima, Ayala (25), y de su marido, González Rojas (24), se convierta formalmente en detención.
Ahora, el juez de Garantías 3 de San Martín, Mariano Grammatico Mazzari, tiene plazo hasta las primeras cuatro horas del jueves para resolver la situación de los acusados, quienes ayer fueron trasladados a alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
A la hora de enumerar los elementos de prueba que hay en su contra, Carracedo revela en su dictamen -al que tuvo acceso Télam- que no sólo el imputado de nacionalidad paraguaya tiene lesiones – un arañazo en el pliego interno de un codo- , compatible con heridas de defensa de la niña, sino que la tía también presenta marcas similares.
“Ambos poseen lesiones traumáticas de resiente data, las que podrían tratarse de lesiones de defensa producidas por la menor al intentar en forma infructuosa defenderse ante el ataque de dos personas que la superaron en fuerza y tamaño”, señala el representante del Ministerio Público Fiscal.
En el caso de la tía, el fiscal solicitó que quede detenida por el delito de “homicidio agravado por alevosía”, mientras que a González Rojas le imputa la misma calificación pero con un segundo agravante, el de “femicidio”.
En ambos casos, la pena prevista por el Código Penal es la máxima, es decir, prisión perpetua.
En su dictamen, Carracedo sostiene también que González Rojas y Ayala “idearon un plan común para causar la muerte de la menor Sheila Alejandra Ayala de 10 años de edad, estrangulándola a lazo con una sábana, produciéndole una asfixia mecánica por compresión cervical externa”.
Para el fiscal, los acusados cometieron el crimen “aprovechándose y conociendo el estado de indefensión de la víctima, quien al ser de tan corta edad no pudo defenderse ante una embestida de dos personas que la superaron en fuerza y que la menor al ser familiar directo de los imputados se confió en que este ataque no ocurra”.
El funcionario judicial destaca que en la vivienda de los acusados –lindera al hueco entre dos paredes donde apareció el cadáver-, “se recolectaron indicios” que permiten sostener “la coautoría de González Rojas y Ayala” y otros “elementos que serán peritados oportunamente por personal de la policía científica”.
Carracedo afirma que esas evidencias “permitirían afirmar que los imputados González y Ayala luego de dar muerte a Sheila, la embolsaron y embalaron con una bolsa de consorcio y cintas, y mantuvieron el cuerpo un tiempo en su vivienda cerrado herméticamente” y que “al verse acorralados” por la presencia policial “intentaron deshacerse del cuerpo”.
Otro elemento clave sumado por el fiscal es la autopsia que concluyó que la muerte de Sheila “se produjo por asfixia mecánica por compresión cervical externa”.
Los forenses señalaron que se trató de un “estrangulamiento a lazo” que dejó un surco de ahorcadura completo “con calcado de trama en piel de tres centímetros de ancho” que es compatible con la sábana infantil “anudada con un solo nudo sobre el lateral izquierdo” que los médicos encontraron rodeando el cuello.
Para el fiscal, las fracturas post mortem en varias costillas de Sheilla “podrían tener relación con la circunstancia de haber sido arrojada desde el balcón del departamento ubicado en el segundo piso, propiedad de los imputados”.
Además, el fiscal suma como elemento de cargo seis declaraciones testimoniales que no desarrolla en el escrito, pero solicita al juez que evalúe por completo.
En el escrito, Carracedo transcribe completa el acta del procedimiento del hallazgo del cadáver y allí quedó asentado que el cuerpo de Sheila fue descubierto gracias a un niño de 10 años que vive en el primer piso de la edificación donde se domicilian los imputados y le avisó a la policía que de la pared del costado de su casa “había olor a podrido”.
