La denuncia de Nisman: quiénes son los jueces que decidirán la suerte de Cristina
En la causa más sensible en su contra, Cristina Kirchner será juzgada por un tribunal nuevo. El azar determinó ayer que el caso del memorándum con Irán, que tuvo su génesis en la denuncia de Alberto Nisman, sea tramitado en el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 8 que se creó por ley en 2010, pero que terminó de integrarse en 2015.
Ese tribunal está integrado por los jueces Nicolás Toselli, Sabrina Namer y María Gabriela López Iñíguez. Los tres desembarcaron en Comodoro Py en 2017, tras dar batalla ante la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio de Justicia para conseguir un espacio físico en el que trabajar. Hoy ocupan los despachos que antes tenía el Tribunal Oral Criminal N° 23.
Toselli inició su carrera en la Defensoría General de la Nación. Con 39 años, se desempeñó como prosecretario administrativo de ese cuerpo, como defensor público oficial ante los juzgados federales de Lomas de Zamora y como defensor “ad hoc” para actuar ante tribunales orales.
Toselli es el yerno de Roberto Ahuad, que fue embajador político en Siria entre 2010 y 2013 y que debió testificar en la Justicia sobre un viaje del ex canciller Héctor Timerman a Damasco en enero de 2011. La Justicia investiga si durante ese periplo Timerman se desvió, o no, a Aleppo para reunirse con su par iraní Ali Akbar Saleh.
Entre los casos de mayor trascendencia institucional, fue defensor “ad hoc” del ex jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros y del vicealmirante retirado de la Armada, Antonio Vañek en causas por delitos de lesa humanidad.
Namer es una jueza que estudió de cerca a las causas vinculadas con el atentado a la mutual judía: fue nombrada por la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó como fiscal de la UFI AMIA tras la muerte de Nisman y hasta fines de 2016. Antes, entre 2004 y 2005, coordinó las investigaciones de fraudes contra el Estado en la Oficina Anticorrupción.
También se desempeñó como subrogante en el TOC N° 20 y se desempeñó en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal en el caso de la tragedia de Cromañón y fue fiscal de juicio en la causa por las coimas en el Senado.
López Iñíguez se desempeñó durante más de una década en la justicia de la Ciudad. Estuvo más de 13 años al frente del juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14. Desde allí, por ejemplo, debió intervenir en la usurpación del predio de Villa Lugano que se extendió entre febrero y agosto del 2014 y que la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad buscaba desalojar.
La causa de Báez
Ayer se conoció que la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero, elevada a juicio oral por el magistrado Sebastián Casanello, será juzgada por el TOF N° 4. Ese tribunal está integrado por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Nestor Guillermo Costabel y Leopoldo Bruglia. Este último magistrado, sin embargo, está siendo subrogado por López Iñíguez, tras ser confirmado la semana pasada como miembro de la Sala I de la Cámara Federal.
Ese tribunal hoy lleva el juicio oral contra Amado Boudou , acusado de haberse quedado con Ciccone, la imprenta que fabrica papel moneda, a cambio de solucionarle a la empresa sus problemas fiscales. El ex vicepresidente había pedido archivar las acusaciones en su contra porque dijo que lo estaban investigando en tres causas por el mismo delito. Pero los jueces Bertuzzi, López Iñíguez y Costabel rechazaron el planteo y le dieron inicio al juicio.
El TOF N° 4 tiene además otra causa de alto voltaje político: el juicio oral del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por la tragedia de Once. También tramitó un caso por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA.
La causa que investiga el direccionamiento del la obra pública en Santa Cruz (donde Cristina Kirchner está acusada de beneficiar a Austral Construcciones) había recaído en el TOF N°2. Ese tribunal remitió el expediente al TOF N° 9, por entender que era conexo al caso de lavado contra Báez. Ese traspaso configuraba el inicio de un “megajuicio” contra la corrupción kirchnerista.
Sin embargo, según explicaron fuentes judiciales, el pasado viernes el TOF N° 9 le devolvió el expediente al TOF N° 2. Fue el mismo día que la Corte Suprema resolvió que el TOF N° 9 quedaba inhabilitado para funcionar. Con este nuevo escenario, resta confirmar el tribunal definitivo.
Fuente: La Nación
