El plan para espantar buitres

A la Presidenta se le hizo un nudo en la garganta cuando tuvo que caracterizar la etapa que le toca conducir. “Perdónenme si estoy nerviosa. Siempre me ven con más aplomo, pero estoy nerviosa por la enorme injusticia que estamos viviendo”, dijoCristina Fernández. Una confesión inusual para un primer mandatario que, según los manuales del marketing político, sólo debe transmitir tranquilidad a la población. Pero esos manuales no sirven con CFK: ella gobierna, también, con sus emociones. Y las expresa porcadena nacional. Al fin y al cabo, como ella mismo sugirió, su gobierno atraviesa una coyuntura crítica de ribetes históricos que requerirá, además de destreza política, fortaleza emocional para afrontar una batalla que el kirchnerismo considera crucial: la lucha final contra los buitres (de adentro y de afuera) que llevan décadas alimentándose con el subdesarrollo nacional, indica revista Veintitres.

El Gobierno tiene debilidad por los planteos épicos. Impostados o no, son constitutivos de un estilo de gestión que gravita en torno al control de la iniciativa política. La kriptonita de los Kes ceder el centro de la escena y correr detrás de la agenda catástrofe que inseminan los medios opositores, con la complicidad de dirigentes políticos que se encomendaron al caos como única estrategia electoral. Pero las sucesivas cruzadas que le permitieron al kirchnerismo sostener la sartén por el mango implicaron confrontaciones que, con el paso del tiempo, sedimentaron en una amalgama de oponentes tan diversos como poderosos. Esta semana buena parte de ellos se mostraron en bloque frente a su nuevo enemigo común: el paquete de leyes con las que el Gobierno pretende domesticar a un establishment con tendencias voraces, prebendarias y abusivas.

Como buen hijo peronista, el kirchnerismo no es alérgico al sector privado. Los gobiernos de Néstor Kirchner y CFK fueron generosos proveedores de estímulos a las empresas locales que, sin distinción de porte, venían de sufrir la destrucción del aparato productivo en los noventa y el terremoto social del 2001. Con los vaivenes propios de un mundo que sopló en varias direcciones durante la última década –el dichoso “viento de cola” que habría beneficiado a la gestión K sólo abarcó, en todo caso, la etapa inicial del período–, el Gobierno logró sostener un programa cimentado en tres pilares: consumo, producción y empleo.Pero fracasó en su intento de gestar una nueva “burguesía nacional” capaz de comprometerse a dar el salto del crecimiento al desarrollo. Por el contrario, fiel a su costumbre rentista, los sectores concentrados de la economía local aprovecharon la reactivación para acumular ingresos extraordinarios en los años de crecimiento a “tasas chinas”, reinvirtiendo lo justo y necesario para abastecer a un revitalizado mercado interno conformado por trabajadores que, apenas recuperaron la autoestima perdida durante la pauperización neoliberal, comenzaron a exigir mayor participación en el reparto de ingresos. La reticencia del sector privado a resolver esa puja distributiva con mayor inversión trasladó la tensión a los precios, iniciando el proceso inflacionario que sirvió de excusa para acelerar la fuga de divisas que ya es tradición entre el empresariado local. Un informe reciente de Cedif-Ar calculó que el stock de los activos offshore de argentinos crecieron un 250 por ciento en las últimas dos décadas. El ex gerente del Banco Central Matías Kulfas y el economista Eduardo Basualdo estimaron que las tenencias de connacionales en el extranjero alcanzan los 300 mil millones de dólares. El ritmo de la fuga se aceleró en el último lustro, promediando los 22 mil millones de dólares anuales, según las estadísticas del Balance Cambiario del Banco Central.

Los fanáticos del mercado suelen argumentar que la fuga de capitales es consecuencia de la “falta de confianza” de los empresarios argentinos, que prefieren especular con divisas antes que invertir su capital en ampliar la producción. El argumento se sostiene en el prontuario de un país que muchas veces hizo ricos a los argentinos que especularon contra su propia moneda. Sin embargo, no es sólo por eso que el empresariado acumula sus ganancias –blancas y negras– en el exterior. Es, también, una forma de ejercer el poder: por su historia de endeudamiento y déficit comercial crónico, casi todos los gobiernos argentinos fueron vulnerables a las “corridas cambiarias” que los dueños del dinero usaron como látigo para disciplinar a los mandatarios de turno.

Para romper con ese maleficio, Néstor Kirchner se obsesionó con recuperar las reservas del Banco Central como paso previo a la restitución del poder presidencial. Intuía que con las arcas llenas nadie se atrevería a perder dinero apostando contra la capacidad de intervención estatal. Acertó a medias: funcionó durante su mandato, pero los buitres sobrevolaron agazapados y volvieron a atacar apenas percibieron que el Gobierno de su esposa quedó herido por la crisis campera y el estallido económico global que obligaron a tomar los ahorros del Central para mantener el nivel de actividad. Con las reservas en baja, el déficit de producción energética –gentileza de la consentida depredación de Repsol– y los mercados internacionales de crédito vedados como consecuencia del default de 2001, los sectores concentrados presionaron por una nueva devaluación. La obtuvieron al comienzos de 2014, luego de un tortuoso año donde el Gobierno intentó exóticas –y fallidas– respuestas como el cepo cambiario y la restricción de importaciones como formas de atenuar un golpe de mercado soft con más tono de advertencia que intención de demolición.

Con esa lección aprendida, el Gobierno se deshizo del voluntarioso pero ineficaz Guillermo Moreno y comenzó a pergeñar una sofisticada estrategia con la que pretende domesticar a los formadores de precios y al establishment en general. El primer paso fue el programa dePrecios Cuidados, cuya mayor utilidad fue inseminar en la población la certeza de que los proveedores de productos sensibles y masivos remarcan sus precios por encima de los márgenes razonables de rentabilidad. Con la imagen de empresas y empresarios por el piso de la consideración popular, la gestión K avanza ahora sobre el próximo casillero: proveer al Estado de herramientas que permitan acotar los abusos de los dueños históricos del dinero y el poder.

Para hacerlo envió tres proyectos al Parlamento, dos leyes de defensa del consumidor y una propuesta que modifica la actual –y cuestionada– Ley de Abastecimiento, que escandalizó a la dirigencia empresarial. En rápido resumen, esa norma establecería que:

– En caso de que se verifique una acción deliberada de desabastecimiento, las autoridades quedan facultadas para incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación.

– La Secretaría de Comercio, como autoridad de aplicación, obtiene más atribuciones legales para controlar precios. Los gobernadores y el jefe de gobierno porteño también quedan autorizados a fijar precios máximos.

– Se posibilita que la autoridad de aplicación requiera a las empresas “toda la documentación relativa al giro comercial”, otorgando la potestad de solicitar documentos contables y comerciales. En caso de considerarlo “necesario”, el Estado podrá intervenir en los procesos económicos de cualquier empresa para fijar márgenes de utilidad, niveles de precio (máximos, mínimo y referencia) y volúmenes de producción. El sector público queda habilitado además para manejar indirectamente compras y ventas de compañías.

– Como ocurre hoy con los consumidores, las empresas primero deben pagar la multa y luego apelar ante la Justicia, en caso de rechazar la sanción impuesta por la autoridad de aplicación.

– La nueva norma elimina la pena de cárcel para los infractores. Las clausuras pueden ser por 90 días y las multas pueden alcanzar los 10 millones de pesos. En caso de reincidencia se permite la “clausura definitiva” ante subas de precios no justificadas o firmas que acaparen materias primas o productos, discontinúen abastecimiento regular en zona o ramo comercial o no produzcan bienes dentro de márgenes de precios y utilidad fijados por la autoridad de aplicación.

– El Estado puede suspender concesiones, beneficios fiscales o créditos especiales a privados.

– La aplicación de multas podrá ser contra empresas y también contra sus directivos.

Como era de esperar, el proyecto disparó un airado rechazo del ampuloso “Grupo de los 6”, que reúne a las cámaras de la industria, el comercio, los bancos, la construcción, la bolsa y la ruralidad. O sea: el establishment que desde hace décadas mantiene sumergido al país en el subsuelo de sus posibilidades. Con la complicidad, claro, de dirigentes políticos que les responden con fidelidad de empleados.

A su turno, Néstor y Cristina Kirchner también cultivaron relaciones cordiales con los dueños del poder. Después de todo, ambos fueron y son mandatarios de un país capitalista cuya mayoría elige vivir como tal. Aún más: lejos de la excesiva vocación estatista que le adjudican el relato opositor y los kirchneristas románticos, el Gobierno hizo esfuerzos por comprometer al sector privado en un esquema que promueve una relativa equidad, el célebre “fifty-fifty” del primer peronismo, donde las minorías empresarias tienen licencia para quedarse con media torta siempre y cuando se reparta la otra mitad entre las mayorías populares. Pero la pereza de monopolios y oligopolios a colaborar con su propio desarrollo contribuyó para que CFK, de confesa admiración por el liberalismo alemán, rediseñara su modelo y lo orientara hacia un capitalismo de Estado del siglo XXI, a tono con los modelos que se aplican en los países del BRICS. Aunque haya surgido por necesidad, zarpar de los viejos puertos conocidos y poner proa a los países que hoy comandan y sostienen el crecimiento del planeta es un acierto que los argentinos recién comenzamos a mensurar.

De hecho, fue la propia mandataria quien sugirió que debía relacionarse el nuevo diseño geopolítico que está experimentando el planeta con la avanzada que están desarrollando los bonistas buitre en los tribunales de Nueva York. Con independencia de lo bien o mal que haya actuado la Argentina durante el proceso, hay un punto en el que coinciden hasta los voceros de Wall Street: el fallo del juez Thomas Griesa representa un sinsentido que sólo se explicaría si el juez resultara cómplice de los multimillonarios fondos buitre a los que benefició. Una complicidad que alcanzaría incluso a los tribunales de alzada que avalaron las disparatadas interpretaciones del magistrado municipal. En un país donde se perpetraron conspiraciones paraestatales para asesinar y/o destituir presidentes habilita a la sospecha de que todo puede pasar.

Atendiendo a la multitud de respaldos y guiños que el país recibió en el ámbito internacional –y también en el plano interno–, el Gobierno decidió esta semana avanzar con una propuesta que nadie podría tildar de sorpresiva: modificar la sede de pago de los bonos reestructurados para evitar que el cepo impuesto por el juez Griesa al Bony impida al país cumplir con los pagos a los bonistas que aceptaron las dos tandas de reestructuración. El proyecto de ley fue remitido al Congreso, donde la oposición tampoco sorprendió con su reacción. Coherente con su prédica “buitres friendly”, el intendente Mauricio Macri dijo que el Pro se opondrá al proyecto. Fiel a su ejercitada afición por las internas, el panradicalismo dijo que se iba a tomar unos días para definir una postura oficial. Y al cierre de esta edición, Sergio Massa consultaba encuestas y asesores que le dijeran qué debía pensar sobre un tema que lleva demasiado tiempo en la consideración pública de un país cuya agenda es mucho más rica y extensa que lo que se decida en los tribunales de Wall Street. Pero que continuará en suspenso mientras no se destrabe ese litigo que mantiene en vilo a la Argentina. Para hacerlo, claro, sería deseable que toda la dirigencia política, gremial y empresaria suspendiera las rencillas domésticas y asumiera la responsabilidad de actuar, aunque sea una vez, con sentido patriótico. Porque ya se sabe: la culpa no siempre es del buitre…

Marcelo Fernández

Presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA)

Ariel Aguilar

Sec. Gral. de la cámara marroquinera y miembro de la Agrupación Gelbard