Por qué Lula da Silva no irá a prisión tras la condena unánime por corrupción
El expresidente de Brasil no quedará detenido ya que apelará la sentencia.
La condena por corrupción al expresidente de Brasil, Lula da Silva, tomó por sorpresa al exmandatario por la unanimidad: los tres jueces lo encontraron culpable. Este nuevo capítulo en su causa compromete su candidatura para las próximas elecciones presidenciales en octubre pero todavía se mantiene lejos de la cárcel porque los jueces esperarán a que el acusado agote sus últimos recursos de apelación.
“Hay pruebas por encima de lo razonable de que el expresidente fue uno de los principales articuladores, si no el principal, del esquema de sobornos en Petrobras”, aseveró el magistrado João Pedro Gebran. La causa iniciada en primera instancia por el juez federal Sergio Moro, quien está a cargo de los casos relacionados con la Operación Lava Jato, remarcó el rol de da Silva en la trama de corrupción de la petrolera estatal.
Tanto Gebran, como su compañero Leandro Paulsen, votaron por extender la pena ya existente: de nueve años y medio, pasaría a 12 años y un mes. Sin embargo, el expresidente no será detenido de inmediato, ya que todavía tiene a su favor un abanico de apelaciones. Su defensa podrá utilizar varios recursos jurídicos para seguir aplazando su arresto.
Aunque hora la mayor preocupación del Partido de los Trabajadores (PT) es si da Silva podrá ser candidato o no en los próximos comicios. La legislación de Brasil no permite que una persona condenada en segunda instancia pueda asumir un cargo, elegido por voto popular. Pero a pesar del mal pronóstico, el exmandatario podrá apelar la decisión al Tribunal Federal Regional N°4, al Superior Tribunal de Justicia, al Supremo Tribunal Federal y al Tribunal Superior Electoral. Este último será el encargado de decidir si su candidatura puede seguir en curso.
La causa
En julio del año pasado, el juez Moro lo condenó por corrupción pasiva y lavado de dinero, tras haber recibido como soborno un departamento tríplex-en el balneario de Guarujá- por la constructora OAS. El trato consistía en que da Silva debía garantizarle a la empresa contratos con Petrobas, durante su presidencia.
El dirigente brasileño negó ser el dueño del inmueble y resaltó que nunca pasó una noche allí. Pero en la seguidilla de confesiones del caso, el propio expresidente de OAS, Leo Pinheiro, reveló que Lula le había pedido destruir todos los documentos de la propiedad y mantenerla oculta de la Justicia.
El abogado del exmandatario, Cristiano Zanin Martins, apuntó contra la metodología de Moro: “La denuncia indica que hay propiedad de un departamento, cuando el juez se la atribuye a Lula sin seguir la ruta del dinero, sin poder probar la acusación de que tres contratos con Petrobras sirvieron como moneda de cambio. No hay pruebas”.
