Magistrados cuestionan a Griesa y plantean estrategias en el conflicto
También juristas cuestionaron la sentencia del juez estadounidense sobre la causa de los fondos buitres contra la Argentina, y plantearon distintas opciones a favor del país. Zaffaroni habló de “reformar la ley”.
El juez de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, consideró que “habría que explorar la posibilidad de demandar a los fondos buitre” debido a que “parece claro y hay pruebas de que no son adquirentes originarios de bonos, sino que los compraron para interferir o desbaratar negociaciones como medio extorsivo”.
En declaraciones al diario Página12, señaló que no hubo buena fe en la compra.
“Es una compra con propósito avieso, doloso, malintencionado, inmoral” , dijo y agregó que “cualquier estudiante sabe que la buena fe es el presupuesto jurídico de toda transacción”.
El magistrado consideró el caso como un “escandalo jurídico” y se mostró alarmado porque “hoy el poder arbitrario es económico, y no hay instrumentos penales para contenerlo”, al tiempo que se refirió a la figura de Griesa que “parece ser un personaje omnipotente, cuando en realidad es un juez casi municipal, que no es un juez federal siquiera”.
Zaffaroni consideró como “urgente” la necesidad de “reformar la ley y declarar imprescriptible la administración fraudulenta en perjuicio de los intereses nacionales en toda negociación internacional que comprometa sustancialmente la economía nacional”.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, señaló que la sentencia de Griesa refleja “la ideología del neoliberalismo más crudo, al que no le importa cómo se reparte la plata”.
“Nuestro concepto de equidad está elaborado sobre la base del reparto para todos, mientras que ellos se conforman con que el que pueda explotar su situación económica, obtenga la mayor ventaja posible sin importar el costo”, señaló Garrigós de Rébori en declaraciones a Télam.
También indicó que “no se puede tratar a un Estado como a un privado, porque un Estado tiene responsabilidades con sus ciudadanos, el privado no”, y agregó que “el derecho público no es igual que el derecho privado, las reglas pueden ser más estrictas con los privados, pero en el derecho público el objetivo no es para mí o para la gente que yo quiero beneficiar. El objetivo en todo lo que es derecho público tiene que ser el bien común”.
La jueza indicó que el pago de la sentencia no puede perjudicar derechos ganados por los argentinos, al señalar que “nuestros gobernantes no pueden pagar la deuda a cualquier precio, porque el precio no puede implicar retraso en esta base de derechos reconocidos a nuestros habitantes, que son en los que se sostiene la dignidad del hombre”.
“Hoy vamos camino a considerar como elemental a la dignidad, a los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales están el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la agrupación sindical, al tránsito. Estos derechos no pueden ser compatibles con el sálvese quien pueda, con el obtengamos la mayor ganancia que podamos sin importar el costo“, agregó.
En esa misma línea, el jurista Daniel Herrendorf señaló incluso que Argentina podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, para solicitar una medida cautelar contra la sentencia del juez Thomas Griesa hasta que ese mismo organismo determine si se violaron tratados internacionales.
Indicó que el argumento podría serque si la Argentina “realizara una masiva y drástica reasignación de recursos para atender el fallo de Griesa, no podría satisfacer necesidades básicas de la población”.
Además, planteó que la ejecución del fallo de Griesa violaría la Carta de Derechos y Deberes Económicos de Naciones Unidas que “obliga a los países desarrollados a conceder un trato preferencial generalizado sin reciprocidad y sin discriminación a los países en desarrollo. Y esa es una obligación jurídica precisa que Estados Unidos no puede eludir”.
“La Carta declara obligaciones internacionales preexistentes derivadas del derecho internacional de los derechos humanos, que se han violado en este caso. En el ámbito de la Comisión Internacional de Derechos Humanos debería realizarse toda eventual negociación”, concluye sobre una posibilidad que podría iniciar cualquier argentino ante ese organismo.
