Imputaron a Diego Gvirtz y Tristán Bauer por desviar $88.000.000 para 6,7,8
A partir de una denuncia que presentó hace diez días la Oficina Anticorrupción (OA), el fiscal Zoni imputó a Tristán Bauer, ex presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA, que manejaba la TV Pública), y a los hermanos Diego y Fernando Gvirtz, que eran los dueños de Pensado Para Televisión, la productora que hacía 6,7,8, a quienes imputó por el desvío de $88 millones en publicidad de ANSES, entre los años 2010 y 2015.
Además, el fiscal Zoni pidió al juez Ariel Lijo que realice diversas medidas de prueba y advirtió en su dictamen que podría haber más imputados, cuando se avance con la investigación. Es que toda la pauta de ANSES se derivó mientras estaba a cargo de la ANSES el actual diputado peronista Diego Bossio, quien pagó $176 millones en Publicidad No Tradicional a la TV Pública, de los cuales la mitad -sin actualización inflacionaria- fueron desviados irregularmente a la productora de los hermanos Gvirtz.
El organismo que maneja Laura Alonso planteó que ANSES direccionó la pauta publicitaria exclusivamente en 6,7,8, dentro de la TV Pública. “La investigación demuestra que, para favorecer a Pensado Para Televisión (PPT) con esa cifra millonaria -además de lo que ya le pagaba la TV Pública por cada programa- se violaron las regulaciones internas objetivas y rigurosas previstas por la propia ANSES, en resoluciones internas donde estaría involucrada también en la maniobra fraudulenta la empresa de publicidad Braga Menéndez, encargada de asesorar a este organismo”. Además, la OA destacó que “por contrato con el canal, la productora PPT no podía comercializar publicidad a organismos oficiales”.
La primera denuncia la hizo Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, quien presentó un informe el año pasado ante la OA. En ese entonces, Lombardi había detectado la irregular transferencia de $15 millones de la ANSES a la productora de 6,7,8, durante 2015.
“Esta denuncia prueba cómo la plata de los jubilados se desviaba para financiar al aparato de propaganda kirchnerista”, dijo Lombardi. Y agregó: “Los supuestos defensores de lo público, le dieron el horario principal de la TV Pública a una productora privada, para el linchamiento de los que pensaban diferente. Privatizaron el prime time y encima se llevaban la plata de los jubilados”.
Según la OA, el delito que se habría cometido desde la TV Pública es el de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”; desde ANSES “esta acción podría encuadrarse en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Desde otro lado, quienes desde la productora recibieron estos pagos ilegítimos también deben ser investigados”.
Además de los $88 millones en publicidad que recibió de la ANSES, el Gobierno le pagó en esos años otros $147 millones a la productora de 6,7,8 para realizar el programa -sin actualización inflacionaria-. Sólo en 2015 recibió $37 millones para la producción y $15 millones en publicidad de la ANSES. En esos años, el gobierno apelaba todos los juicios de los jubilados, porque decía que no tenía plata para pagarles.
En su denuncia, la OA reclamó una medida cautelar que en forma “urgente” inmovilice los bienes de la productora, ahora en manos del empresario K Cristóbal López; y el “embargo anticipado” de tres propiedades de los hermanos Gvirtz, que antes eran los dueños de PPT, así como sobre sus empresas Clean Collector, El Gran Pope, Real Time, Right Choice y Red Sea Investments -con domicilio en Panamá-.
En esa dirección, el viernes pasado la OA le giró la denuncia a la Unidad de Información Financiera (UIF), para que investigue “la ubicación de fondos o movimientos sospechosos de quienes son mencionados en la denuncia”; en particular por “la sociedad panameña Read Sea Investments constituida en el año 2001 por Diego Gvirtz”.
